FRANCISCO ZÚÑIGA | multimedios digital
3 de junio de 2016 / 03:29 p.m.

Monterrey.- La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción determinó pedir el embargo precautorio para asegurar bienes al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y 10 ex funcionarios de su administración, para garantizar la restitución de un daño patrimonial al Estado por 3 mil 600 millones de pesos.

El fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, así como por el agente de ministerio público de la misma oficina, Aldo Fasci Zuazua, informaron las acciones de la apertura de carpetas judiciales contra ex funcionarios. El embargo precautorio fue a su vez para Rodolfo Gómez Acosta, ex tesorero estatal; Rolando Zubirán, ex titular de Sedec; Juan Francisco Livas Cantú, quien encabezaba la subsecretaría de Desarrollo Regional; y Luis Gerardo Marroquín, ex secretario de Obras Públicas, entre otros.

La contralora General del Estado, Nora Elia Cantú, informó que se realizó una auditoría a la obra pública del sexenio 2010-2016, en el cual se invirtieron 40 mil millones de pesos, y se han auditado el 60 por ciento de las obras.

Detalló que actualmente, se tienen 117 casos, de los que 42 se encuentran bajo investigación, en 28 se han iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa y en 47 se advirtió presunta responsabilidad en delitos penales, por lo que se han presentado las denuncias correspondientes ante la subprocuraduría Anticorrupción.

Dijo que las dependencias involucradas en estos casos son la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Finanzas y Tesorería General del Estado, de Seguridad Pública, Educación, Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Servicio de Transporte Colectivo Metrorrey, Secretaría General de Gobierno.

Se informó que estas dependencias incurrieron en irregularidades y delitos diversos, como peculado, delitos patrimoniales, ejercicios indebidos y abuso de funciones, así como facturación duplicada y pagos no confirmados, facturas que no corresponden a las estimaciones, pagos adicionales sin soporte, y pagos de anticipos de obras no realizadas, detectando desvíos por un monto de 2 mil 300 millones de pesos, aproximadamente.

También se detectó la presunta destrucción y sustracción de información y documentación oficial.

Por irregularidades encontradas en otorgamiento de incentivos a la empresa Siderúrgica de Linares, se iniciaron 10 procedimientos de responsabilidad administrativa, de las cuales se han dictado cinco resoluciones en contra de Rodolfo Gómez Acosta, ex secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado, Juan Francisco Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola, Rolando Zubirán Robert, ex secretario de Desarrollo Económico, Luis Gerardo Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas, y Ramón Villagómez Guerrero, ex director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario; la medida es la inhabilitación por 10 años a cada uno y el pago de 210 millones de pesos, de manera colectiva.

También informó de irregularidades consistentes en autorización de pago de obra no realizada y de una obra pagada en su totalidad sin estar terminada al 100 por ciento y sin reunir las características contratadas, por la que se inició procedimiento en contra de Víctor Ramón Martínez Trujillo, ex director del sistema de caminos de el pago de 12 millones 900 mil pesos.

Por su parte, Aldo Fasci, fiscal Especial de la Subprocuraduría, señaló que una de las empresas investigadas prestó una aeronave para que un funcionario realizara viajes gratis a Estados Unidos.
Destacó que esta misma empresa realizó una obra prácticamente idéntica a otra que realizó en Nuevo León, pero por la mitad de precio.

La Subprocuraduría Anticorrupción también informó de la denuncia presentada en contra de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, por un contrato convenido con un despacho de abogados por servicios legales; el daño al erario se calculó en 7 millones 75 mil 451 pesos.

Responde medina

Luego de que esta tarde se dieran a conocer acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, dijo que durante su gestión no ha llevado a cabo ninguna conducta indebida, por lo que tiene la conciencia tranquila.

A través de un comunicado, el ex mandatario estatal dijo que desde que inició la nueva administración, la prioridad del Gobierno del Estado ha sido perseguirlo, al grado de crear una subprocuraduría cuyo único objetivo ha sido inculparlo mediante pesquisas carentes de sustento jurídico.

“Como es del conocimiento público, durante la campaña para la elección de gobernador del Estado de Nuevo León, fui objeto de imputaciones falsas que han incluido a mi familia.

PRI a favor de investigaciones pero sin revancha

En respuesta a las investigaciones de la Subprocuraduría Anticorrupción, en la que anunciaron medidas legales en contra del ex gobernador Rodrigo Medida y ex funcionarios de la pasada administración, el presidente del Comité Estatal del PRI, César Cavazos Caballero, dijo que el momento en que se dan a conocer denotan un claro tinte electoral.

“Se nos hace raro el momento; por un lado hay elecciones en 12 estados de nuestro país, se ve claramente un tinte electorero orquestado por el gobernador Independiente Jaime Rodríguez Calderón, que se la ha pasado en campaña desde que llegó”, detalló Cavazos Caballero.

El líder priista dijo que esperarán los resultados finales de las investigaciones, ya que están a favor de que se esclarezcan las dudas sobre el desempeño de cualquier servidor público, pero no con ánimo de revancha o linchamiento.

Pide PAN que denuncias no sean "show mediático" por elecciones

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional exigió que las medidas anunciadas no queden solamente en "show mediático" previo a las elecciones de este domingo en distintos estados del país.
Mediante un comunicado, el dirigente estatal panista, Mauro Guerra, señala que él y la fracción del PAN en el Congreso del Estado esperan que se trate de un proceso jurídico serio, responsable y que no existan pifias legales.