SYNDY GARCÍA
1 de marzo de 2016 / 06:31 a.m.

Monterrey.- Penas de cárcel y de sanciones económicas para quienes amenacen a los deudores, fueron aprobadas este lunes por el Congreso del Estado.

Las reformas avaladas por unanimidad, contemplan la tipificación del delito de cobranza ilegítima en el Código Penal, al adicionar el artículo 294 Bis.

Como parte de las penas, se contempla prisión de seis meses a dos años de cárcel y sanciones aproximadas de entre 10 mil 500 a 21 mil pesos, a quienes amenacen al cobrar deudas.

"Al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice cualquier medio ilícito y amenazas de causar un daño al mismos deudor su aval o sus familiares, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas", se expone dentro de lo aprobado por el Congreso en el artículo 294 Bis.

Dentro de la iniciativa, se contempla además la reparación del daño para los probables deudores que sean amenazados por despachos o cobradores que hostigan.

Ángel Barroso, integrante de la bancada del PAN, manifestó en Tribuna que con la reforma aprobada se buscan evitar prácticas como llamadas en cualesquier horario o fines de semana, cartas intimidatorias, amenazas a hogares o lugares de trabajo.

"Este Congreso ha legislado a favor de que se respeten los derechos humanos de las personas, por lo que con la finalidad de seguir salvaguardando los derechos de la ciudadanía, nos manifestamos a favor del presente dictamen para que se sancione en nuestro Código Penal el delito de cobranza ilegítima y evitar así se sigan vulnerando los derechos humanos", comentó Andrés Cantú, integrante de la bancada priista.

Rubén González, diputado del Panal, indicó que con lo aprobado podrán un alto a la presión psicológica que algunos despachos jurídicos utilizan para con los deudores.

"El Estado está obligado a proteger los derechos humanos en los términos del artículo 1 de la Constitución Federal y en los tratados internacionales por lo que se deben sancionar las conductas antes expuestas", mencionó.

La iniciativa fue promovida por la activista Liliana Flores Benavides desde octubre de 2014, por lo que tras su aprobación en el Pleno entrará en vigor una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.