13 de febrero de 2014 / 11:07 p.m.

Apodaca.- Con el fin de que concesionarios y propietarios de locales instalados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey se pongan al corriente con el pago de los impuestos, el municipio de Apodaca presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda, aquí todo mundo tiene que pagar los impuestos que nos corresponden y ellos no lo han hecho nunca", destacó el edil Raymundo Flores Elizondo. En la controversia interpuesta este lunes, el Ayuntamiento justifica el cobro del impuesto predial basado en el artículo 41 de la Ley de Aeropuertos, mismo que señala que "los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las disposiciones federales, estatales y municipales en materia de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, que correspondan". "La impugnación es porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), le otorgó al aeropuerto el Plan Maestro de Construcción como si fuera éste una isla, de tal manera que no toman en cuenta al Estado ni al municipio", agregó. El Gobierno Federal, en 2010, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la concesionaria el Plan Maestro de Construcción. En este sentido, el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) ha desarrollado un sinfín de servicios que no corresponden a la concesión del aeropuerto como es la venta de alimentos y bebidas alcohólicas, boutiques, cafeterías, renta de vehículos, locales comerciales, gasolineras, entre otros. "Cada vez que hemos intentado acercarnos para cobrar lo que le corresponde al municipio, la concesionaria se ampara y gana el recurso, por lo que en esta ocasión decidimos llevar el caso al Máximo Tribunal", comentó Flores Elizondo. En noviembre pasado el Municipio clausuró una gasolinera y un complejo de locales comerciales, ubicados dentro de los terrenos concesionados para la operación del grupo OMA, por carecer de un estudio de impacto ambiental, licencia de construcción, permiso de uso de suelo y edificación. En ese momento OMA tampoco contaba con estudios de análisis de riesgo ni con la anuencia municipal para la construcción de un parque industrial. Redacción