16 de julio de 2014 / 07:40 p.m.

Monterrey.- El procurador Adrián de la Garza Santos informó que los organizadores de bodas identificados como María Verónica González Garza y Javier Chávez Gutiérrez, están en calidad de investigados por lo que podrían presentarse ante la Procuraduría de Justicia a buscar un arreglo con los afectados.

"No ha habido comunicación, están las puertas abiertas, son de los tipos de delitos que incluso permiten una conciliación entre las partes. La Procuraduría está preparada para que si en un momento dado llega  a ser este el caso, tratar de  que se pueda llegar a una conciliación.

"Al final de cuentas es un dinero que entregaron las parejas a esta empresa y que esta empresa lo debe estar resguardando de alguna manera porque no se ha prestado el servicio", explicó.

Actualmente las autoridades recaban información con los afectados, como la acreditación de la entrega de dinero a la pareja a cambio de un servicio. Este es el primer paso para que los agentes tengan una justificación para interrogar a los indiciados.

La demora para comenzar con la búsqueda de los presuntos responsables consiste en que algunas denuncias se interpusieron en el sistema tradicional y otras en el sistema penal acusatorio, lo que representa una variación de tiempo.

Pero el procurador aseguró que el momento en que se requiera ubicar a la pareja, lo harán sin problema.

"Tenemos muchos datos de la pareja, tenemos muchos datos, no se trata de tema de delincuencia organizada, entonces creemos que no debe haber ningún problema para localizarla en el momento que necesitemos localizarla", aseguró.

De acuerdo a De la Garza Santos, el delito que presuntamente cometieron María Verónica y su esposo Javier, es el de fraude pues hay una clara intención de afectar a las parejas. 

"El contrato aquí no tiene nada que ver, a lo mejor es una estrategia de la defensa, ya veremos más adelante, por lo pronto nosotros pensamos o estimamos y tenemos la acción en el sentido de que estas personas sabían que no iban a poder cumplir y al momento que saben  ya que no van a poder cumplir hay una dañada intención por causar un menoscabo en el patrimonio de estas personas", dijo.

El fraude se dio a conocer la semana pasada cuando parejas de novios se dieron cuenta de que uno de los salones que ofrecían en Maia Eventos había sido clausurado. Después de esto no hubo respuesta por parte de la pareja de empresarios a quienes se les pagó montos de 30 mil a 200 mil pesos por boda.

FOTO: Especial

SANDRA GONZÁLEZ CORTÉS