LUIS GARCÍA
7 de septiembre de 2015 / 01:28 p.m.

Monterrey.- A punto de cerrar la actual administración, la Procuraduría de Justicia en el Estado (PGJE) arrastra una pesada losa que pone de manifiesto la baja efectividad de esta dependencia para sancionar los delitos que se cometen en Nuevo León.

De acuerdo a las cifras oficiales que se publican en el portal del Gobierno estatal, apenas un cinco por ciento de las averiguaciones previas que se inician terminan en consignación.

De octubre de 2009 a julio de 2015 se dieron 409 mil 840 averiguaciones previas iniciadas, de las cuales únicamente 20 mil 570 terminaron en consignación, lo que representa el 5.02 por ciento.

Esto representa que el 95 por ciento de los delitos se quedan sin un responsable ante la autoridad. Fuentes consultadas advierten que estos corresponden principalmente a robos en sus distintas modalidades, homicidios, y en fechas recientes, a casos de extorsión.

La tendencia difícilmente podrá revertirse en lo que resta del año. La Procuraduría cerrará el sexenio con números rojos en este rubro, y dejará un gran pendiente al Gobierno entrante, todo esto en medio de un nuevo sistema de justicia penal al que las policías parecen no terminar de adaptarse.

Y es que ni siquiera la oferta de recompensas ha coadyuvado a revertir estas cifras. Del año 2010 a la fecha, la dependencia estatal ofreció 17 recompensas por un monto de 16 millones 604 mil 29 pesos por delitos como homicidio, secuestro o robo calificado.

Pese a ello, los resultados no fueron los deseados. La misma Procuraduría reporta que 11 de estos casos todavía no tienen solución, tres casos ya fueron resueltos y tres de manera parcial.

Entre los grandes pendientes quedan, por ejemplo, la captura de Santiago Adrián González López, el ex funcionario del Instituto de Control Vehicular (ICV) acusado por el robo de más de 300 mil juegos de placas en el año 2012.

También está el caso del homicidio del ex diputado local del PAN, Hernán Belden, por el cual se ofrecieron dos recompensas, pero hasta la fecha este crimen sigue impune.

La gran interrogante es si el cambio de administración beneficiará a estos y otros casos, o bien, hará que permanezcan como un archivo más en el extenso mar de las averiguaciones previas que no se resuelven.