MULTIMEDIOS DIGITAL / SANDRA GONZÁLEZ 
24 de enero de 2017 / 10:52 a.m.

MONTERREY.- El ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz acudió este martes a la Subprocuraduría Anticorrupción para conocer la carpeta de investigación que la Contraloría integró por el presunto delito de incremento patrimonial.

De acuerdo a la autoridad, el caso se basa en las declaraciones patrimoniales que Medina realizó durante su período como gobernador, pero que este negó de forma categórica. La defensa legal tomó conocimiento del tema y anticipó que dará respuesta en los plazos legales por escrito.

“Vamos a responder en un tiempo prudente, lo vamos a hacer por escrito, lo importante aquí es que primero estamos atendiendo el llamado de la autoridad, estoy dando la cara,
estoy aquí tranquilo”, dijo Medina.

La cita estaba programada a las 12:30 horas y el lugar fue custodiado por agentes ministeriales asignados a la Subprocuraduría Anticorrupción... el tiempo transcurría y Medina de la Cruz no llegaba por lo que el titular de la dependencia ofrecería una rueda de prensa para informar el caso, pero al filo de las 13:00 horas el ex mandatario se presentó con un amparo provisional contra alguna orden de aprehensión.

Después de una hora al interior de las instalaciones ubicadas en la calle Washington y Escobedo, salió y aseguró que no cometió ningún acto ilícito.

“No tenemos nada que ver con lo que se nos imputa, pero esto lleva tiempos, lleva procesos, lo que la ley marca.

Todas están presentadas en tiempo y forma, no debe haber ninguna sorpresa, vamos a ver que dudas hay y hay que responder no varió tanto”, mencionó el ex gobernador de Nuevo León.

En tanto, Ernesto Canales señaló que de existir la comisión de algún delito el caso se llevará a lo penal.

“Si a criterio de la subprocuraduría los resultados de la investigación conforman la comisión de un delito, la fiscalía presentará cargos para imputaciones de conductas delictivas ante un juez de control”, indicó.

Este miércoles el ex mandatario tendrá que presentarse nuevamente ante un juez de control, para una audiencia de imputación en donde la Subprocuraduría Anticorrupción busca vincularlo a los delitos de daño patrimonial y peculado, de los que fue exhonerado en un principio en el Caso KIA.