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Condenan a 31 años a militar por desaparición forzada en NL

La PGR comprobó la responsabilidad de un subteniente del Ejército en la privación de libertad de una persona el pasado 20 de mayo de 2012 en Los Herreras.

JOSÉ ANTONIO BELMONT/  MILENIO DIGITALEditor
México

Ciudad de México.- Un juez federal sentenció a 31 años y tres meses de prisión a un subteniente del Ejército por desaparición forzada, en la primera sentencia dictada contra un militar por un delito de este tipo luego de las reformas al fuero castrense.El juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Esteban Salinas Wolberg, dictó sentencia de 31 años y tres meses de prisión en contra de un subteniente de infantería del Ejército, luego de que la Procuraduría General de la República comprobó su responsabilidad en el delito de desaparición forzada cometido contra una persona que sigue desaparecida.

El juez estimó que quedó plenamente acreditado por la autoridad ministerial que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por el militar el 20 de mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, y hasta hoy continúa desaparecida.El subteniente fue condenado a prisión, así como a la destitución de su cargo y se le inhabilitó para desempeñar otro puesto, comisión o empleo público por 15 años y tres meses.El Consejo de la Judicatura explicó que Salinas Wolberg basó su sentencia en la "grave afectación" a la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima, así como a sus familiares."La resolución señala que conductas aisladas y lamentables como lo es este caso, son contrarias al espíritu de la delicada tarea de protección y salvaguarda del Estado y de sus habitantes, por parte del Ejército Mexicano", señaló el Consejo de la Judicatura.En abril del año pasado, el Congreso de la Unión aprobó que los integrantes de las fuerzas armadas puedan ser juzgados ante tribunales civiles cuando cometan delitos contra ciudadanos y modificaron los códigos de Justicia Militar y el Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

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