LUIS GARCÍA
8 de septiembre de 2015 / 09:55 a.m.

Monterrey.- Dada la importancia del cargo, la designación de quien encabezará la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León a partir de octubre se ha convertido en una danza de nombres en estos meses previos.

Perfiles como el de Fernando Elizondo Ortiz o el abogado Roberto Flores se han manejado en su momento, pero el gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, no ha dado luz verde en el tema, aunque sí ha descartado nombres de forma pública.

El punto fino a observar es que la figura del también llamado Abogado del Pueblo deberá pasar un duro escollo antes de que alguien ocupe el cargo, pues la decisión recaerá en un polarizado Congreso local.

Lo anterior obligará a que el PAN y el PRI le den su apoyo a la persona que Rodríguez Calderón proponga, o de lo contrario, será un largo y desgastante proceso.

La Constitución de Nuevo León establece que el mandatario en turno presentará una propuesta a los diputados para ocupar la titularidad de la Procuraduría. Tras comparecer ante los legisladores, el Pleno debe aprobarlo con dos terceras partes de los votos, es decir, 28 sufragios.

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La Constitución de Nuevo León establece que el mandatario en turno presentará una propuesta a los diputados para ocupar la titularidad de la Procuraduría | ERICK ROCHA

Como ejemplo, si el PRI, PVEM, PT, Nueva Alianza y los independientes, que votaron en bloque ayer para otorgar el control financiero al coordinador tricolor, Marco González, apoyarán la propuesta de Procurador, apenas reúnen 25 sufragios, es decir que requieren al menos 3 votos de Acción Nacional.

De fracasar este primer intento, el gobernador deberá enviar un segundo nombre al Congreso local. Se debe agotar el mismo procedimiento, y si no reúne la cantidad de votos necesarios, la Carta Magna del Estado prevé que con la mitad más uno de diputados (22 votos) será suficiente para ungir al procurador en una tercera ronda.

Si persistiera la falta de acuerdos, el titular del Ejecutivo quedará facultado para designar en forma directa al funcionario, con la salvedad de que ninguna de las dos primeras propuestas pueden ser consideradas para el cargo.