ERIK SOLHEIM ROCHA
27 de febrero de 2017 / 07:20 p.m.

MONTERREY.- Luego de que el Ministerio Público Federal solicitó una orden de aprehensión contra Cesar Gerardo García Méndez por su presunto fraude por 6 millones de dólares junto con su socio Ernesto Canales, diputados locales consideraron que la autoridad federal también debió haber solicitado la captura del Subprocurador Anticorrupción de Nuevo León.

“Los mismos delitos que son para ambos solo se le finquen a uno y al otro no, en este caso la orden de aprehensión debió salir para ambos abogados”, indicó Tláloc.

“Me extraña que no salieran dos órdenes de aprehensión porque son socios y cuando es así como le afecta a uno le debe afectar al otro, yo espero que en los próximos días no vaya a salir una orden contra Canales y ahora si ya estaríamos peor que nunca”, dijo Marco González.

El coordinador de los panistas, Arturo Salinas consideró que lo anterior daña la imagen de la Subprocuraduría Anticorrupción.

“Pues creo que es la antesala de que posiblemente también al propio Ernesto Canales le pudieran girar una orden de aprehensión.

“Habrá que ver si el titular o el que firmaba los documentos haya sido el socio y no Ernesto Canales, desconozco de fondo el expediente pero lo que si es que concluimos que está involucrado en un tema donde hay delitos”, mencionó, Arturo Salinas.

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso acusó que el Gobierno del Estado ejerció presión para evitar acciones legales contra Canales.

“Lo que me dicen los abogados del Distrito Federal es que hubo influencias de parte del Gobierno del Estado de Nuevo León para influir con el Gobierno y Procuraduría de la Ciudad de México para excluir al Fiscal Anticorrupción Ernesto Canales”, señaló Gabriel Tláloc.

Asimismo, en otro caso, los legisladores calificaron como una "persecución política" las ordenes de aprehensión giradas contra los activistas Pedro Alejo y Gilberto Lozano, por su presunta participación en los actos vandálicos del pasado 5 de enero, al respecto, los diputados pidieron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el caso.