EDUARDO MENDIETA
24 de octubre de 2016 / 08:08 a.m.

MONTERREY.- Hace unos días, el video de la aparición de gusanos en la comida de elementos de Fuerza Civil le dio la vuelta al país sin cesar…

Lo que nunca se dijo es que una de las proveedoras de estos alimentos, IFood México SA de CV, fue inhabilitada y sancionada desde el 2015 por entregar información falsa al Gobierno Federal y que esto no fue impedimento para que el Gobierno de Nuevo León la contratara por 65.8 millones de pesos.

Ya sin Rogelio Benavides Pintos, como subsecretario de Administración estatal, por el escándalo del cobijagate, cinco días después de su renuncia, el Gobierno Estatal contrató, el 26 de febrero de 2016, a la compañía que había intentado engañar en una licitación al DIF nacional.

Trece días antes, el 13 de febrero, el Órgano de Control Interno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) notificó a la empresa la sanción impuesta con una multa por 420 mil pesos y la inhabilitación durante un año, que concluye el 13 de febrero del 2017.

La contratación hecha por parte del Gobierno del Estado hace caso omiso a la circular que envió el 12 de febrero de este año la Secretaría de la Función Pública al Diario Oficial de la Federación para abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos a la Procuraduría General de la República, la administración pública federal y a los gobiernos de los estados.

“Infractor: Ifood México, SA de CV. Causa: El 24 de febrero del 2015 proporcionó información falsa y se condujo con mala fe en el procedimiento de contratación, al acreditar los requisitos establecidos en la convocatoria con la documentación que adjuntó en su propuesta técnica”, señala textualmente el documento de la dependencia del Gobierno Federal cuya copia posee MILENIO Monterrey, y que se encuentra disponible en internet.

Tras haber sido inhabilitada desde el 5 de noviembre de 2015, la empresa IFood México solicitó un recurso de revisión el 11 de diciembre, dejando sin efectos la resolución del Órgano Interno de Control, pero dos meses después, el 4 de febrero del 2016, se ordenó reponer el procedimiento de sanción al proveedor a partir de su notificación que ocurrió un día después.

Sin embargo, la empresa interpuso un juicio de nulidad y mediante un acuerdo de la Sala Regional Norte del Centro II ordenó otorgar una suspensión provisional, tres meses después de que el Gobierno de Nuevo León lo contratara, es decir, el 26 de mayo.

En el contenido de la subasta 779, el Gobierno de Nuevo León omite el nombre de la empresa que obtuvo el fallo a favor, la relación de las propuestas por parte de los proveedores y no incluye la secretaría que solicita el servicio, pero se logró establecer que fue por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin embargo, el sitio web oficial de Transparencia incluye el contrato número SEI/DASG-03/2016 por un valor de 65 millones 838 mil 700 pesos, pagado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que encabeza Carlos Garza Ibarra.

La compañía fue retirada del stock de proveedores inhabilitados dentro del sitio web oficial de la Secretaría de la Función Pública federal, sin embargo, columnas de la prensa nacional informaron de la sanción impuesta a la compañía desde el 12 de noviembre de 2015.

Además, el documento confirma la sanción económica y la inhabilitación informada a IFood por parte de Luis Enrique Sarabia Gallardo, director de ese Órgano Interno de Control del DIF, en el expediente número 0001/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero del 2016, cuya inhabilitación se activó un día después.

El stock de proveedores del Gobierno de Nuevo León incluye a IFood México con la dirección en la calle Golfo de California número 132, colonia Jardines del Oriente, San Luis Potosí, pero información en el portal de la empresa incluye otra muy diferente con sede en Torreón, Coahuila.

La compañía la encabeza Juan Carlos Pichardo y forma parte de Grupo Lujor, cuyos dueños son los empresarios José Raymundo y Luis Antonio Ortiz Domínguez.