7 de febrero de 2014 / 08:45 p.m.

El recurso solicitado el pasado 29 de enero de este año por Margarita Arellanes, Víctor Pérez, Pedro Salgado y Ugo Ruiz, munícipes de Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y San Pedro, respectivamente, pretendía dar la vuelta al incremento del 20 por ciento en la tarifa de castigo.

El rechazo de la SCJN se deriva de la imposibilidad de dirimir un asunto entre el estado y varios de sus municipios, pues la disposición constitucional es clara, y señala que sólo puede intervenir cuando el conflicto se dé entre la autoridad superior de la entidad y uno de sus ayuntamientos.

"Los conflictos que se presenten no pueden ser entre el estado y varios de sus municipios de manera colectiva o presentándose en una sola demanda como parte actora de la controversia, debido a que ello no se contempla en ninguna de las disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución federal", señalan las consideraciones del documento de la SCJN.

Una cuestión de procedimiento es la que desechó esta controversia constitucional, que en opinión del ministro instructor José Ramón Cossío Díaz, queda desechada de plano por notoriamente improcedente.

Los ediles panistas estaban impugnando tanto el acuerdo del 27 de diciembre de 2013 donde se establecía el alza de precios, así como varios artículos de la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.

Así como algunos artículos del reglamento de esta normativa, la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del transporte, entre otras regulaciones.

Buscaban, mediante una jurisprudencia que data de 2011, tener la oportunidad de emitir voto en lo referente al alza de tarifas y buscar la suspensión del incremento de 20 por ciento.

Sin embargo, el error de principio fue presentarse en una demanda colectiva, cuando la ley reglamentaria no lo prevé, e incluso señala expresamente su imposibilidad.

"Es claro que la ley en ningún momento contempla la posibilidad de un representante común ni nada parecido, dado que parte de una lógica de conflictos singulares entre actor, como entidad individual, y demandado.

"Por otro lado, esta misma lógica procesal de partes identificadas de manera individual con las entidades actoras, se encuentra en la prohibición de acumulación de las controversias contenida en el artículo 38 de esta misma ley reglamentaria", señala el escrito, cuya copia ya fue girada a los cuatro ayuntamientos panistas metropolitanos.

En lo que se refiere a este recurso, la determinación es inapelable y el asunto se da por concluido, aunque los ediles tienen la posibilidad de volver a presentar este u otro recurso similar de manera individual.

Seguirá golpeteo panista: PRI

Ante los amparos y recursos legales promovidos por alcaldes y diputados panistas, la bancada local del PRI prevé que la estrategia de "maltrato y golpeteo político" continuará por parte de los albiazules.

El coordinador de la bancada priista, Édgar Romo, señaló esto luego de que los amparos promovidos por panistas en materia de transporte fueron desechados por los juzgados de distrito al considerarlos improcedentes.

"Van a seguir insistiendo (panistas) en los amparos, porque la única intención es el maltrato y golpeteo político, pese a que los jueces de distrito se los están desechando por su notoria improcedencia", apuntó.

Dijo que es lamentable que usen a la ciudadanía con tal de ganar simpatías momentáneas.

"Siguen prometiendo a la ciudadanía cosas que no pueden cumplir con tal de ganar adeptos momentáneos. Esto causa un perjuicio a los tribunales de la Federación y a los propios municipios malgastando sus recursos públicos. La evidencia es el gran cúmulo de amparos desechados", expresó Romo. 

Lorenzo Encinas y Daniela Mendoza