FRANCISCO ZÚÑIGA ESQUIVEL
1 de abril de 2017 / 06:44 a.m.

MONTERREY.- Dos motines en dos días en el penal de alta seguridad de Cadereyta crearon un estado de incertidumbre en Nuevo León, ante la posibilidad de que el conflicto se extendiera a las otras dos penitenciarias, que en el pasado, han sido escenario de varias masacres.

El saldo final fue de cuatro personas muertas, y dos decenas de heridas que tuvieron que ser hospitalizados, además de daños por unos 50 millones de pesos que el Estado tendrá que sufragar del erario.

El primer problema estalló el lunes 27 de marzo, cuando más 600 reos de alta peligrosidad se amotinaron en el Cereso de Cadereyta Jiménez para protestar contra el sistema de vigilancia de Rayos X que permitió descubrir a varias mujeres que intentaban introducir al reclusorio droga escondida en las cavidades de su cuerpo.

Los reos incendiaron dos ambulatorios y los túneles de acceso, y durante un par de horas, los reos dominaron la situación, pero ante la llegada de más de 80 unidades policiacas y más de 600 efectivos de Fuerza Civil y Policía Militar accedieron a entregar los ambulatorios Alfa, Beta y Delta, donde estaban manifestando.

Ese día hubo 7 lesionados, cuatro de ellos internos del Cereso, un Comisario de Fuerza Civil y un custodio, pero trascendió que los paramédicos de 12 ambulancias fueron convocadas
Atendieron en total a 50 internos, la mayoría por golpes y rasguños leves que no ameritaban hospitalización.

RIÑA PENAL
FOTO: ESPECIAL

Al día siguiente, martes 28 de marzo, la crisis penitenciaria volvió a estallar otra vez al interior del Penal de Cadereyta, ahora con un saldo mortal de cuatro reos fallecidos, 12 internos lesionados y un policía herido.

Más tarde se informó que a las 16 horas, 56 internos del área de Ampliación destrozaron mobiliario, quemaron colchones y colgaron mantas para quejarse por la falta de agua y de alimentos.

En ambos casos, la falta de información sobre lo que sucedía causó angustia e incertidumbre entre los familiares de los internos, que desbocaron su frustración en connatos de enfrentamiento con los policías que hicieron un perímetro de seguridad frente a la entrada del reclusorio.

Penal de Caderyta
FOTO: LEONEL ROCHA

En ambos casos, elementos Fuerza Civil, en su mayoría femeninos, tuvieron que contener a los familiares.

Hasta muy tarde se informó que los fallecidos son Jordan Alejandro Rangel Sarabia, y tres hombres que no fueron identificados, pues los quemaron.

El vocero de seguridad, Aldo Fasci Zuazua detalló que se llegó a un acuerdo para cumplir ciertas demandas de los familiares y los reos, tales como evitar los Rayos X en las embarazadas al momento de una visita, y que los familiares puedan ingresar comida los fines de semana. Se descartó por completo el traslado de reos.

Durante el segundo motín había familias de visitas, incluso niños, que quedaron atrapados, lo que fue confirmado por la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una entrevista en Telediario Nocturno.

“Estamos emitiendo medidas cautelares para que se garantice la vida y la integridad de las personas que están ahí, hay familias”, dijo.
Explicó que personal de Derechos humanos hicieron un recorrido por la zona llamada Ampliaciones el lunes, pero no entraron a otras zonas porque no había condiciones de seguridad, aunque platicaron con los internos y escucharon sus peticiones.

La recomendación que emitieron para que no falte agua y alimento a los internos fue cumplida, al menos durante el tiempo que ellos estuvieron.

Tras el segundo incidente el gobernador Jaime Rodríguez reconoció públicamente que el sistema penitenciario de Nuevo León adolece de una sobrepoblación de más de 2 mil internos, y adelantó que no hay recursos para solventar los daños por 50 millones de pesos causados en los dos motines.

Ni con los recursos federales se podría solventar estos gastos, afirmó el gobernador Jaime Rodríguez por lo que pedirá el apoyo de la presidencia.

Una de las opciones es tomar del presupuesto de 300 millones que el Congreso aprobó para el Penal de Mina, y advirtió reiteró que la crisis de los penales se debe a la sobrepoblación y no a la falta de capacidad de las autoridades.