ADÍN CASTILLO
18 de febrero de 2016 / 07:01 a.m.

Monterrey.- Ha transcurrido una semana desde la masacre en el penal del Topo Chico, en donde murieron 49 reos y 12 resultaron heridos.

El enfrentamiento entre dos grupos antagónicos, liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, ‘El Credo’, y Juan Pedro Saldívar Farías, ‘El Z 27’, inició alrededor de las 23:30 horas del miércoles 10 de febrero, en las áreas C2 y C3 del centro penitenciario.

Durante la reyerta, algunos reos incendiaron el área de víveres. Un video de redes sociales mostraría más tarde cómo un grupo de reos golpeaban a otros en uno de los patios del penal. Los primeros reportes llegaron a los medios de comunicación, mientras los familiares de los presidiarios comenzaban a llegar y concentrarse en la periferia del penal.

Las autoridades penitenciarias controlaron la situación y la riña llegó a su fin alrededor de la 01:30 del jueves. Al mismo tiempo, elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional y Policía Federal reforzaban el perímetro.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó en conferencia de prensa acerca de la muerte de 52 reos, además de 12 heridos. Más tarde, rectificaría la cifra: 49 fallecidos.

Entre la incertidumbre por la identidad de los reos fallecidos, los familiares continuaban a las afueras del penal exigiendo que se les diera información. La primera acción de las autoridades del penal fue la de publicar un cartel en la reja del penal con la lista de las áreas que habían participado en la riña.

Familiares de reos intentan derribar barandal del penal
Familiares de reos intentan comunicarse con los reos a través de la reja del penal.| ARCHIVO

La primera lista de reos fallecidos fue de 20 personas, y el Estado indicó que actualizarían la lista conforme se identificarán los cuerpos. Una mesa de atención fue colocada en el Hospital Universitario, con el fin de facilitar la entrega de los cuerpos a los familiares.

Jaime Rodríguez informó por la tarde, en entrevista con Enrique Burgos en Las Noticias 105.3, que se había encontrado una bala durante la autopsia de uno de los reos fallecidos. Después se confirmaría que fue producto de un disparo, en defensa propia, de uno de los celadores. También se reveló que entre los muertos se encontraban dos reos de los que no había registro en el penal.

Al día siguiente, el viernes 12 de febrero, las autoridades dieron a conocer el resultado de un cateo realizado en el penal del Topo Chico, el cual habían comenzado alrededor de las 17:30 horas del jueves. Se publicó una lista de objetos encontrados en las celdas, entre los que figuraban 30 pastillas sicotrópicas, 23 dosis de cocaína en piedra, 38 dosis de mariguana, 30 dosis de cocaína en polvo, 120 puntas artesanales, 60 martillos, 2 pantallas de 27 pulgadas, 400 encendedores, 16 memorias de USB, 10 reproductores de MP3, 28 pinzas mecánicas y 86 cuchillos.

PENAL SANTA
Durante en el cateo en el penal se encontraron altares dedicados a la Santa Muerte, los cuales fueron desmantelados.| ESPECIAL

El mismo viernes, se confirmó el traslado de un total de 233 reos a penales federales de Sonora, Guanajuato, Ciudad Juárez y Chihuahua, lo que provocó la molestia de los familiares, ya que las autoridades no informaron la identidad de los reos transferidos. La lista sería publicada horas más tarde, en la cual se incluía a 30 mujeres.

Por la noche, algunos familiares de los internos que fueron trasladados a penales federales, bloquearon algunas calles aledañas al penal del Topo Chico, exigiendo la presencia de las autoridades para que se les aclararan todas sus dudas.

Las visitas en el penal se reactivaron la mañana del sábado 13 de febrero, y eran cerca de 700 personas las que habían hecho fila desde la noche anterior.

Al filo del mediodía, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León confirmó en rueda de prensa lo que ya había trascendido la tarde del viernes: Gregoria Salazar Robles, ex directora del penal del Topo Chico, y Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, ex subcomisario de Administración Penitenciaria, enfrentaban cargos por homicidio calificado y abuso de autoridad, por la muerte de los 49 reos. Se les había apresado como medida cautelar.

goya
La ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles, trata de tranquilizar a los familiares de los reos.| ARCHIVO

El domingo 14 de febrero, a tres días de la masacre, el Gobierno del Estado difundió imágenes del interior del penal, en las que se pudieron constatar los ‘privilegios’ con los que vivían algunos de los reos: minisplits, baños propios, refrigeradores, pantallas de televisión, acuarios y hasta un bar.

En el comunicado, el Estado aseguró que tras la intervención de Fuerza Civil, se había asumido el control total de las instalaciones del penal, detallando que "el cobro de piso, el tráfico de drogas y los privilegios” habían terminado.

Ese domingo, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia informaron también la identificación de los cinco cuerpos calcinados, con los que sumaban 48, por lo que sólo faltaba uno.

Mientras tanto, la tragedia seguía haciendo eco a nivel mundial. El lunes 15 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó la masacre de 49 reos e hizo un llamado urgente para que se solucionaran las deficiencias en los centros penitenciarios del estado.

Los diputados locales también condenaron los hechos, y exigieron al gobierno de Jaime Rodríguez que se revisaran las condiciones penitenciarias de los penales de Apodaca y Cadereyta.

Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia reveló a través de un comunicado el nombre del reo que faltaba por identificar, con el que se completaba la lista. Además, informó que tres de los 12 reos lesionados seguían en el hospital, reportándolos en estado grave.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron un cateo en las casas de la ex directora y del ex subcomisario del penal, con el fin de complementar las investigaciones de la carpeta de investigaciones.

El miércoles 17 de febrero, la Procuraduría de Justicia ejecutó orden de aprehensión en contra de un tercer funcionario del penal del Topo Chico, el subdirector Arturo Bernal González, quien también es considerado presunto responsable de abuso de autoridad y homicidio calificado de los 49 reos que murieron en la masacre, delitos por los que podría alcanzar una pena de hasta mil 200 años.