SANDRA GONZÁLEZ
2 de agosto de 2017 / 05:52 p.m.

MONTERREY.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedentes los argumentos del Gobierno de Nuevo León contra las reformas a la Ley Electoral aprobadas el 29 de junio, sentencia que para el Congreso del Estado representa la validez y vigencia del decreto.

Esto implicaría que las modificaciones aprobadas por el Congreso del Estado deberán aplicarse conforme al decreto publicado a partir de ya y no hasta el 2021 como pedía el Ejecutivo.

Los temas que generaron confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de la polémica con las organizaciones civiles son:

- Diputaciones plurinominales.
- Paridad de género.
- Términos de la reelección.
- Inicio del año electoral.
- Reducción de cantidad de firmas para independientes.

En la sesión pública de la Sala Superior, este dos de agosto, los magistrados declararon improcedente la solicitud del Gobierno de Nuevo León de que se dictara jurisprudencia en cuando a las reformas a la Ley Estatal Electoral.

A finales de julio, el secretario General de Gobierno, Manuel González, explicó que en al menos cinco casos los magistrados resolvieron en favor diferentes estados el tema de reformas electorales, específicamente en el punto de que una ley debe estar vigente 90 días antes del inicio del proceso electoral... pero el órgano máximo a nivel nacional en dicha área, consideró que acto reclamado - es decir, las fechas- nunca estuvo en cuestión si no la publicación del decreto, acción que ya ocurrió.

En la sesión pública de este 2 de agosto, los magistrados hicieron una cronología de esta situación, que inició con:

29 de junio
Congreso expide decreto 286 que contiene modificaciones a Ley Electoral con un transitorio que dice que la vigencia es en la misma fecha de su aprobación y no el día de la publicación.

3 de julio
Sin embargo, el Ejecutivo no publicó el decreto y un diputado promovió un juicio ante Tribunal Estatal Electoral para obligar al Ejecutivo a que publicara el decreto.

5 de julio
Dos días después el Tribunal Estatal Electoral dictó sentencia en la que obligó al Ejecutivo a publicar el decreto.

6 de julio
Al día siguiente, el Gobierno hizo lo propio. El secretario General de Gobierno recurrió al Tribunal Superior de Justicia para promover la inconstitucionalidad por el exceso de atribuciones del TEE.

El TSJ admitió y dictó una suspensión provisional de la sentencia de los magistrados electorales. Pero en su estrategia basada en las fechas.

10 de julio
Gobierno del Estado publicó el decreto y se desistió de la inconstitucionalidad promovida ante el Poder Judicial del Estado.

Para luego recurrir ante la Sala Superior, que finalmente declaró improcedente este y otros dos juicios promovidos por el mismo tema.


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