RICARDO ALANÍS
1 de marzo de 2016 / 08:32 p.m.

Monterrey.- Dos denuncias penales por desvío de recursos presentó este martes por la tarde el municipio de Monterrey en contra de la administración anterior, encabezada por la ex alcaldesa, Margarita Arellanes Cervantes.

A las 18:30 horas, el secretario del Ayuntamiento, Genaro García de la Garza, presentó personalmente las denuncias ante personal de la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción de la Procuraduría de Justicia del Estado, ubicada en el centro de Monterrey.

Se informó que una es por el pago de 7.5 millones de pesos al abogado Roberto Martínez Rodríguez para un contrato de prestación de servicios profesionales, y otra por desvío de 10.3 millones de pesos destinados para obra pública, con los que en su lugar se pagó el Impuesto Sobre la Renta.

"Lo que estamos haciendo hoy es formalizando lo que el licenciado Adrián de la Garza ya había anunciado con anterioridad, en el tema de presentar denuncia de hechos que nosotros consideramos que pudieran surgir con alguna responsabilidad, lo estamos materializando en este momento, el caso en concreto que estamos presentando el día de hoy son dos denuncias.

"Una por un contrato de prestación de servicios y otra por un desvío de recursos de una partida presupuestal que está destinada a otro fin", declaró el funcionario.

Se estableció que en el caso del contrato de prestación de servicios, se detectó que la Tesorería emitió un pago en octubre de 2015 por los 7.5 millones de pesos para que el abogado preste apoyo legal a funcionarios municipales de la administración 2012-2015, en contra de procedimientos que surjan con motivo del encargo de sus funciones, es decir, pagaron con dinero del municipio protección de posibles anomalías detectadas.

Este contrato incluye apoyo legal a los cargos de presidente municipal, síndicos primero y segundo, regidores, secretario del Ayuntamiento, tesorero, secretario de Administración, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Planeación y Comunicación, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Humano y Social, director Jurídico del Ayuntamiento, director de Egresos, director de Contabilidad y Cuenta Pública, director de Planeación Presupuestal, director de Adquisiciones y/o encargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones, director de Obras Públicas y director de Recursos Humanos.

A pesar del probable desvío de recursos, el Comité de Adquisiciones de Monterrey aprobó por unanimidad el dictamen con la excepción de la licitación pública, bajo el argumento de que se asignaba al abogado Martínez, porque ya no había los tiempos para licitar.

Los funcionarios incurrirían en un delito al saber que están obteniendo un beneficio que aplicaría ya no estando al frente de sus respectivos cargos, que además esa acción no representa un beneficio para la Hacienda Municipal ni para la ciudadanía, ya que se trata en cambio de un beneficio personal para los ex servidores públicos y para el abogado contratado.

En el caso del desvío de los 10.3 millones de pesos, éstos se tomaron de un crédito aprobado por el Cabildo el 26 de febrero de 2015 con el Banco Interacciones SA, por un monto de 104 millones 722 mil pesos para la conclusión de obra pública, de obras de infraestructura de drenaje pluvial y rehabilitación de pavimento de avenidas principales.

Sin embargo, al ingresar el recurso a la cuenta municipal, se tomaron los 10.3 millones de pesos para cumplir con el pago del ISR, correspondiente a abril de 2015, concepto no contemplado en el fin que se tenía con este crédito, que generó la suspensión de obras por falta de dinero.

"Es un tema muy técnico en el cual se pide un crédito, se pide dinero prestado a cargo de la Hacienda Municipal para un fin y se destina para otro, tenemos identificado ahorita que el crédito total es de alrededor de 104 millones de pesos y se desviaron 10 millones de pesos aproximadamente. Originalmente son para obra; el monto del crédito era para distintas obras, no tengo el dato así preciso, se destinó para pagar impuestos federales que es algo que está prohibido por la ley.

"(La otra denuncia se deriva) de un contrato de prestación de servicios en el cual empleados municipales obtienen un beneficio más allá de sus prestaciones de ley como primer punto, que trasciende más allá de su administración, como segundo punto, que no hay ningún beneficio para el Ayuntamiento de Monterrey o para la ciudadanía de Monterrey, sino que es un contrato que beneficia a particulares que no son funcionarios públicos", explicó.

Vienen más denuncias

Genaro García anticipó que habrá más denuncias que presentarán en días aún por definir derivadas de los hallazgos que realizó la contraloría municipal a la auditoría practicada a la administración anterior durante los meses de noviembre, diciembre y enero.
"Existen más hallazgos, existen procedimientos administrativos, las denuncias de carácter penal, existen algunas otras que en su oportunidad anunciaremos", explicó.