Estado desconoce cuotas al interior de penales

Monterrey.- Hasta el momento no se cuentan con denuncias de familias de reos a quienes se les cobra piso al interior de los penales del estado, aseguró Jorge Domene Zambrano, jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador.

Aunque este jueves se dio a conocer que, aunado a la investigación de la UANL, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C., cuenta con varios casos en los que familias de reos han tenido que vender sus casas para pagar por seguridad al interior de los penales, el funcionario estatal desconoció los casos oficialmente.

"Estaremos atentos a ver el estudio final que la Universidad (Autónoma de Nuevo León) ha realizado para el 5 de noviembre.

"Estamos analizando toda esta información para conocer de viva voz y no a través de los medios con mucho respeto las situaciones, ojalá todas esas situaciones que se han vertido se puedan denunciar para poder tener información de primera mano y si hubiera algún caso corregirlo", dijo.

Pese a que también la Universidad Autónoma de Nuevo León adelantó datos de una investigación en la que se revela que familias de los reos destinan mil 181 pesos para protección en el interior del penal, Jorge Domene dijo que "sería interesante" que haya denuncias.

Al cuestionarle si demeritaba las declaraciones de las investigaciones previas de la UANL, así como de Cadhac, el representante del Estado mencionó que esperarán más resultados de los casos.

"No estoy diciendo que sean válidas o no, simplemente estamos esperando a tener el estudio en nuestras manos.

"Conocer la metodología que se aplicó y tener un estudio que conozcamos porque nadie de los que estamos aquí creo que lo conocemos y derivado de eso la ayuda que podamos tener de los casos que se puedan presentar por la vía formal, legal, estaremos actuando", manifestó.

A su vez, los alcaldes de Santa Catarina y de Juárez, Víctor Pérez y Rodolfo Ambriz respectivamente, comentaron que al menos a sus municipios no han llegado reportes de ciudadanos que sean afectados por el cobro de piso al interior de los penales de Nuevo León.

FOTO: Archivo

SYNDY GARCÍA