15 de marzo de 2016 / 11:14 a.m.

México.- El Gobierno de Rodrigo Medina pagó al despacho Santos-Elizondo más de 25 millones de pesos por concepto de honorarios, al fungir como su representante legal ante Kia Motors.

La firma de abogados donde aparece como socio Fernando Elizondo Ortiz, hijo de Fernando Elizondo Barragán, coordinador ejecutivo del Gabinete de Jaime Rodríguez Calderón, fue la encargada de armar el contrato, así como de avalarlo.

Pese a que la administración anterior tuvo la asesoría y certificación jurídica del llamado despacho divino, el nuevo Gobierno desacredita el contrato e insiste en modificarlo, al considerar excesivas las concesiones otorgadas.

Según fuentes cercanas a la transacción, el despacho condujo las negociaciones en su calidad de representante legal del Gobierno anterior.

"Emitieron su opinión jurídica como un instrumento (convenio) válido y legal. Negoció y avaló el contrato de Kia Motors", señaló una fuente allegada al Gobierno actual.

Por parte de Kia Motors México, fungieron como sus representantes legales los despachos de abogados Ashurst y Basham Ringe y Correa.

Fuentes cercanas a la armadora coreana manifestaron que la compañía automotriz no aceptará un nuevo convenio, porque implicaría que algo hicieron mal y eso, a su vez, ocasionaría efecto de arbitraje internacional.

Sin embargo, la compañía está dispuesta a aceptar un adendum, anexo al convenio actual, siempre y cuando se decrete que el contrato que se firmó con Rodrigo Medina es un documento legal y válido.

ELIZONDO ORTIZ SE DESLINDA

Luego de ser señalado el despacho jurídico de la familia de Fernando Elizondo Barragán como la firma de abogados que asesoró a las autoridades del gobierno anterior, Fernando Elizondo Ortiz, se deslindó de su responsabilidad como socio del despacho Santos-Elizondo, donde funge como tal desde 1992.

En entrevista, Elizondo Ortiz afirmó: "No me corresponde (...) yo no soy socio propietario del despacho, entonces no me corresponde opinar al respecto, al que le corresponde es al socio-presidente Mario Zambrano; quizás él pueda darle una declaración sobre este tema".

Elizondo Ortiz mencionó que no podría hablar a nombre de la empresa, ya que en ese tiempo él fungía como diputado local, por lo que tuvo que separarse del despacho.

"En los últimos tres años yo ni siquiera estaba trabajando en el despacho porque estaba ocupado en mi cargo de legislador, entonces no estaba muy en contacto de lo que estaba pasando.
Además yo no soy socio-propietario del despacho, así que me descalifican por hablar sobre ese tema porque no tengo injerencia", respondió Elizondo Ortiz.

Refirió que el título de socio no es necesariamente el de propietario; hay socios administradores que sí tienen una participación en la sociedad, hay otros socios "que somos sólo de membrete, yo no tengo derecho a voto, yo soy un socio y trabajo sobre lo que yo género, pero yo no soy un socio propietario, ni nunca he sido", enfatizó.

Por su parte, al asegurar que ya no tiene nada que ver con el despacho Santos-Elizondo, el Gobierno descartó investigar a Fernando Elizondo Barragán, coordinador ejecutivo del Estado.
Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aseguró que no corresponde al Estado ver esta situación.

Pese a ello, detalló que la Fiscalía Anticorrupción está investigando todo este tema, sin querer ahondar si se mandará llamar o no a los integrantes de dicho despacho.

"No (lo investigaremos), don Fernando (Elizondo) ya no es socio de ese despacho desde hace muchos años", dijo.

El mandatario reiteró que mientras Elizondo Barragán no esté involucrado en el caso, no tienen por qué hacer algo al respecto.