SYNDY GARCÍA
18 de enero de 2016 / 09:04 a.m.

Monterrey.- Los diputados del Congreso violan normas que los obligan a revisar las auditorías realizadas al Estado, municipios y otros poderes al tener un rezago de 395 cuentas públicas de 2011, 2012 y 2013.

Aunque la Constitución de Nuevo León y la Ley de Fiscalización Superior del Estado obligan a los legisladores a revisar las cuentas públicas en los dos periodos ordinarios de sesiones siguientes a la fecha de recepción del informe de resultados, aún quedan pendientes decenas de documentos sin analizar.

De acuerdo al registro de la Auditoría Superior del Estado (ASENL), existen 76 cuentas públicas pendientes por examinar de 2011; otras 161 de 2012 y 158 de 2013.

El rezago es más evidente en los municipios con 33 informes de resultados de 2011; 75 de 2012 y 71 de 2013.

Los organismos públicos autónomos también tiene un rezago pendiente de 41 cuentas públicas de 2011; 82 de 2012; así como 83 de 2013.

Aunque los ex integrantes de la Legislatura 73 y los actuales diputados estaban obligados a analizar los expedientes y revisarlos en un año posterior a su entrega, el trabajo no pudo ser terminado ni por los pasados ni por los legisladores de ahora.

La Constitución expresamente en el artículo 63, fracción XIII, obliga a los legisladores a revisar en un año posterior al informe de resultados los documentos enviados por la ASENL.

A su vez, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, en el artículo 52 refiere que los diputados tienen también dos periodos ordinarios para revisar las cuentas públicas.

Ambos ordenamientos expuestos por la Constitución y la Ley de Fiscalización fueron violados y al momento no son motivo de castigo.
Sin embargo, incumplir ambas disposiciones, podría traer sanciones de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Dentro del artículo 50, en diversas fracciones, se destaca que los funcionarios son sujetos a responsabilidad administrativa, por el hecho de tomar medidas contrarias a una ley e impedir su ejecución, como en este caso el evitar la revisión de las cuentas públicas de años anteriores.

Si bien los diputados de la Legislatura 74 se han comprometido a revisar los informes de resultados de las cuentas públicas pendientes, a finales de 2015 se sumaron otros más de 100 expedientes de 2014.

En lo que va de la actual Legislatura, los diputados apenas han concluido la revisión de 33 expedientes relacionados con informes de resultados de cuentas públicas, entre los cuales van expedientes desde 2008, 2009, 2012 y 2013.

Cabe destacar que las cuentas de 2011 y 2012 son parte de un rezago que recibieron de la Legislatura anterior, mientras que la actual, es responsable de la falta de atención de 158 cuentas, las correspondientes a 2013.