REDACCIÓN
2 de noviembre de 2016 / 06:11 p.m.

MONTERREY.- Un ingeniero solicitó una audiencia para que un juez de control le exija a un agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Agencia Estatal, la devolución de casi medio millón de pesos que el pasado mes de agosto le sustrajeron de su domicilio, después de detenerlo por la supuesta posesión de un cigarro de mariguana.

El profesionista, de 23 años de edad, solicitó la diligencia desde hace un par de semanas en el área de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia y lo hizo a través de los abogados que lo representan y que lo ayudaron a recuperar su libertad, cuando fue capturado y sujeto a una investigación, en la que solo quedó con la condición de sujetarse a un programa de tratamiento.

El afectado y sus abogados acreditaron ante el fiscal número 5 del COE, Francisco Bernardino Rodríguez Gómez, que había recibido un millón 50 mil pesos para la creación de un programa para el cual se asoció con un amigo con el que estaba realizando las gestiones necesarias ante notario público.

Presuntamente, en esos días que recibió el efectivo para llevar a cabo el proyecto, el profesionista fue detenido en su vehículo Camaro porque, aparentemente, le encontraron un cigarrillo de mariguana.

Tras su detención, el ingeniero fue trasladado a las instalaciones del COE, donde permaneció varias horas bajo investigación y en ese lapso catearon su domicilio, de donde le sacaron una computadora, un Ipad, un reloj marca Apple, 444 mil pesos en efectivo y 600 dólares del total de la suma que había recibido para el establecimiento del negocio cibernético.

Al recuperar su libertad después de pagar una fianza, solicitó en varias ocasiones la devolución del efectivo, del cual acreditó su preexistencia, y del que aparentemente no fue registrado el aseguramiento en la carpeta de investigación, pero el fiscal se ha negado a concretar la devolución.

Por lo anterior, el profesionista recurrió a las autoridades del Poder Judicial para que citen al representante social y en audiencia pública le ordenen la devolución del monto que asciende en total a 456 mil pesos.