RICARDO ALANÍS | MILENIO DIGITAL
3 de julio de 2015 / 07:23 p.m.

Monterrey.- Integrantes del Comité Ecológico Probienestar de Monterrey presentaron ante este medio de comunicación una suspensión de amparo que obliga a la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a revisar el estatus legal de al menos 30 desarrollos inmobiliarios en la zona del Cerro de la Silla.

En rueda de prensa, Guillermo Martínez Berlanga, integrante del comité, comentó que de esos 30 desarrollos habitacionales aparentemente sólo cinco tendrían permiso de construcción, y aunque este comité lo denunció, la dependencia se negaba a revisarlos, por ello recurrieron a la suspensión de amparo que otorgó el juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el estado.

"El juez federal ante una denuncia de nosotros le ordena a la Profepa que inspeccione todo el Cerro de la Silla y provea las medidas para evitar daños ambientales y daños a terceros en 24 horas, además de que el titular de la Profepa tiene la obligación de en 48 horas informarle de cada una de las acciones a las que procedió para llevar esa información, de no hacerlo como lo resuelve el juez federal, podrían tener hasta 10 años de cárcel", dijo.

Expresó que sería la delegación de la Semarnat quien habría permitido los desarrollos de manera irregular, pero la Profepa no ha actuado.

Explicó que se requiere que la autoridad aplique un sistema de georreferenciación y con ello darse cuenta de que se está construyendo en una zona prohibida dentro de este monumento natural.

"Sabemos que quiere encubrir al ex delegado y todas las tropelías que han hecho en Semarnat y los permisos chuecos, pero tu obligación como policía ambiental es buscar al culpable y clausurar lo que está pasando", dijo Martínez.

Por su parte, el abogado Alberto Sada advirtió a los distintos niveles de autoridad, relacionados con la ecología, que si no atienden sus denuncias, recurrirán a los jueces y a la materia penal para obligarlos.

"Esto es a nivel federal y esto va a ser una advertencia a todas las autoridades, tanto federales como municipales y estatales, de que si no nos hacen caso, que si no responden a nuestras exigencias, lo vamos a tener que hacer a través de un juez, ahora sí con otro tipo de nivel que es elevarlo a una materia penal"