20 de octubre de 2014 / 01:01 p.m.

Monterrey.- El tener a un ser allegado recluido en algunos de los diversos centros penitenciarios de la entidad es un impacto económico fuerte para muchas familias, lo cual se agrava al cubrir las cuotas de protección que exige el crimen organizado.

Ante lo anterior los familiares de los reos se convierten en víctimas colaterales.

Por primera vez, una investigación se ocupa de este sector de la sociedad. Se trata de "Prisión y Familia", Retos para la Cohesión Social y el Desarrollo del Siglo XXI, desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL.

Un adelanto del estudio, que se expondrá de manera formal el próximo 5 de noviembre, muestra que de las familias con al menos un integrante recluido en alguno de los penales del estado, el 60 por ciento tienen ingresos menores a 3 mil pesos mensuales.

Apenas un 30 por ciento reportó ingresos entre 3 mil y 6 mil pesos mensuales, pero un 80 por ciento reconoció que enfrenta falta de alimentos, el 46 por ciento no puede pagar servicios de agua, luz y gas y un 50 por ciento enfrenta problemas para costear su salud.

La problemática se agrava porque tener un familiar preso acaba con los recursos de quienes están fuera. En promedio, el gasto mensual relacionado con el interno es de 4 mil 667 pesos, según arrojó el estudio. Esto se divide en mil 296 pesos en gastos de alimentos para el interno, 643 pesos en temas de salud, mil 547 pesos en gastos legales y mil 181 pesos para protección en el interior del penal.

"No solamente se queda sin el salario del esposo que por algún delito está en la cárcel, si no que a esto debe agregársele los gastos que ella (la esposa o pareja) tiene que erogar", señaló Patricia Cerda, investigadora de la FCC y líder del proyecto.

"Agregándole quienes tienen que venir a visitar a su familiar, el costo del transporte es elevadísimo, además tienen que traerle las cuestiones básicas", agregó Consuelo Bañuelos, directora de Promoción de Paz, instancia que colaboró con este análisis.

El aumento en las detenciones del fuero común y federal disparó la cantidad de familias en estas condiciones. La lógica con ellas es simple: no solo paga el familiar infractor, sino también su esposa, hijos, padres y hermanos...todos son vistos con el mismo rostro criminal.

"Hay olvidos, desde metodológicos por parte de la ciencia, hay olvidos de las instituciones, hay olvidos de la sociedad, de la comunidad, para estos grupos que nosotros hemos clasificado en altísima vulnerabilidad", denunció Cerda.

Promoción por la Paz advirtió que este sector del estado es el que presenta la mayor cantidad de carencias.

Hay a todas luces una doble victimización hacia estas personas por parte de la sociedad, indicó Consuelo Bañuelos, que afectan incluso a los hijos de los internos en su vida cotidiana.

"Claro, pues todos sabemos que son señalados, pues mejor que mis hijitos ya no se junten con estos otros, mejor que los cambien de escuela, no les hables mucho, no vaya a ser que nos involucren también a nosotros", apuntó.

Ese rechazo también alcanza a las autoridades. El estudio puso de manifiesto que del total de familias entrevistadas, el 77 por ciento no recibe ayuda gubernamental, un 23 por ciento está inscrita en el otrora programa Oportunidades, apenas un 9 por ciento tiene algún tipo de ayuda del estado y el 14 por ciento tiene el beneficio de una beca.

"El que cometió el delito fue su familiar, sí, pero ellos no. Y la ausencia de políticas de apoyo para estos núcleos nos lleva a pensar como que es una extensión de la pena", concluyó Patricia Cerda.

Cifras

Ingresos "vs" gasto de familias penitenciarias

- Ingreso promedio: entre 3 mil y 6 mil pesos

- Gasto por familiar en penal: 4,667 pesos

- Mil 296 pesos alimentos

- 643 pesos Salud

- Mil 181 pesos seguridad

*Fuente: FCC UANL

FOTO: Archivo

LUIS GARCÍA