REDACCIÓN
16 de noviembre de 2016 / 07:02 p.m.

MONTERREY.- El secretario general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la, Guadalupe Castillo, se presentó a declarar amparado, este miércoles, y quedo imputado en una segunda carpeta judicial que le integran por un fraude de 231 mil pesos y en la que están 202 maestros jubilados como afectados.

Guadalupe Castillo García compareció ante el juez de control Alfredo Hiram Cazares Ayala, quien al inicio de la audiencia advirtió de la suspensión definitiva de amparo que le concedió el juez sexto de distrito para evitar su detención.

En la diligencia, el líder magisterial escuchó la denuncia de los hechos que enfrenta en la investigación que le sigue un agente del Ministerio Público de San Nicolás, quien recabó la querella del total de número de afectados que aparecen registrados en la nueva carpeta.

De acuerdo a la acusación, los afectados lo señalaron como responsable del fraude que les hizo al quedarse con el dinero que les descontó para el supuesto pago de seguros de vida que había contratado con la empresa Sistemas Integrales, la que a su vez solicitó el apoyo de la aseguradora Thoner.

Los quejosos aseguraron que los cobros se los hicieron de la segunda quincena de marzo del 2015 a octubre de ese mismo año, aún y cuando no contaban con el servicio de la aseguradora.

Agregaron que Castillo García sabía que no contaban con la protección y pese a eso ordenó el descuento de 77 pesos que les hacían por quincena.

Después de escuchar la denuncia de los hechos que enfrenta y en presencia de por lo menos 10 afectados, el líder del Snte negó ser responsable del fraude que le atribuyen y por recomendación de sus defensores particulares se apegó a los beneficios del artículo 20 para no responder a los cuestionamientos que le pudieran hacer.

Antes de concluir la audiencia, la fiscalía solicitó que le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva, bajo el argumento de que el profesor enfrenta otra carpeta en la que 54 afectados le reclaman 56 mil pesos y alcanza una pena de hasta 12 años de prisión por el fraude.

El fiscal también alegó que podía tratar de evadir la acción de la justicia, porque cuenta con recursos y entorpecer las investigaciones de la nueva investigación por el cargo que ostenta.

Sin embargo, el juzgador rechazo esa petición advirtiendo que el imputado se presentó y tiene arraigo domiciliario, además que el delito no es grave y lo citó para el próximo lunes 21 de noviembre para resolverle si lo vincula o no a proceso.