SANDRA GONZÁLEZ
29 de septiembre de 2015 / 07:44 a.m.

Monterrey.- Desempleo, extrema pobreza, rechazo social, es la realidad de los ex presidiarios en Nuevo León.

Esto sucede con una persona en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, pero lo que viven los inimputables es peor, pues además de estar limitados por sus condiciones, muchos son abandonados por sus familiares.

Así lo ha comprobado la asociación Promoción de Paz que trabaja con los reos y sus familias.

"Se batalla el doble. Están siendo discriminados, no pueden trabajar si no es con sus medicinas", indica Consuelo Bañuelos, directora de la asociación.

Resolver el problema de los inimputables es responsabilidad de autoridades, familia y sociedad civil, indica Bañuelos pues de uno depende el presupuesto, de otro el cuidado y finalmente, que alguien vele para que se cumplan los derechos humanos de ellos.

"Yo creo que la solución podría ser rápida si existe una voluntad de parte de todos y crear una red de apoyo en este punto. Sí hay instituciones interesadas, sí hay voluntad de algunas instancias de gobierno pero nos tendríamos que unir para poder apoyarlos", dijo.

Destierro social, la otra pena del reo psiquiátrico

La investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Patricia Cerda, atribuye el abandono de los inimputables por parte de sus familiares, a la imposibilidad de brindarles atención médica y dar seguimiento legal.

En el estudio "Impacto Carcelario en las Familias Penitenciarias" se detectó que el 64% de las familias de los internos se ubica en situación de pobreza extrema y otro 29% en situación de pobreza. La reclusión empeora el panorama.

"Son familias que están pasando por penurias económicas que rayan en la extrema pobreza, entonces, cómo pedirle a alguien que está tratando de sobrevivir en términos de economía de ver cómo le da de comer a los niños, a los ancianos de su núcleo, de ver cómo trata a los niños que van a la escuela, que además se haga cargo de una persona con trastornos mentales", señaló.

Tener a los inimputables sin atención especializada y en convivencia con los demás internos, impacta los fines de reinserción, agregó la especialista.

En el estudio "Prisión y Familia" se encontró que el gasto por familiar en el penal asciende a los 4 mil 667 pesos que se desglosan en alimentos, salud y seguridad-que pagan a los grupos que controlan las cárceles... y en el caso de los inimputables, este gasto se dispara.