5 de marzo de 2014 / 03:05 p.m.

Monterrey.- Mientras el estado y diputados locales cuestionan la falta de acreditación de sus elementos, la Policía de Monterrey enfrenta nuevos problemas tras ventilarse un hecho delictivo presuntamente cometido por integrantes de la corporación.

Aunque el caso se registró en las primeras horas del lunes, apenas ayer trascendió que dos elementos de la policía regiomontana fueron turnados ante el Ministerio Público acusados por la violación de una mujer.

Fuentes allegadas al caso indicaron que los uniformados fueron detenidos tras la denuncia que presentó una mesera.

El parte inicial refiere que la presunta víctima fue abordada por los elementos en el cruce de Félix U. Gómez y avenida Conchello, al percatarse de que presentaba aliento alcohólico. Ambos viajaban en una patrulla, pero no se informó el número de ésta.

De ahí se trasladaron a otro punto, sin aclararse la ubicación, donde la ultrajaron. Los efectivos amenazaron a la mujer para que no los denunciara.

Pese a ello, la afectada fue convencida para que diera parte de lo ocurrido, con lo cual se logró la captura de los policías.

El análisis que le practicaron confirmó la veracidad de la denuncia, y ambos elementos fueron turnados a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, donde fueron cuestionados por los cargos en su contra.

Las declaraciones de ambos no se han divulgado, pero se confirmó que permanecen a disposición de la autoridad investigadora.

Aunque la presunta víctima no ha ratificado la denuncia ante el Ministerio Público, se espera que esto ocurra en las próximas horas a fin de robustecer el caso y proceder en consecuencia con los elementos.

La mujer se habría rehusado en primera instancia a ratificar la queja, por lo que la Procuraduría la apoyará con ayuda psicológica para determinar las causas que le impiden seguir adelante con el proceso, sea por temor a represalias o por pena con su familia.

Hasta el día de ayer, ninguna de las autoridades del municipio de Monterrey emitió declaración o boletín alguno informando sobre la situación legal de sus efectivos, o bien, deslindando su responsabilidad en los hechos que se les imputan.

Este caso se da justo cuando la corporación es cuestionada tras exhibirse que más de 200 elementos no cuentan con la acreditación oficial de la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS), requisito indispensable para fungir como policía en Nuevo León.

Lo anterior ha desencadenado una serie de reacciones tanto de instancias estatales y municipales, así como por parte del Poder Legislativo.

Luis García