REDACCIÓN | MULTIMEDIOS DIGITAL
5 de julio de 2016 / 05:23 p.m.

Monterrey.- En un hecho sin precedentes, ex funcionarios de primero y segundo nivel del municipio de Monterrey, entre los que se encuentra la ex alcaldesa Margarita Arellanes, quedaron vinculados a proceso.

Arellanes Cervantes, Irasema Arriaga Belmón, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra y José Francisco de la Cruz Suárez, fueron considerados probables responsables del delito de ejercicio abusivo de funciones públicas.

Sin embargo, en la resolución emitida por el juez de control Patricia Gutiérrez Ramírez, ellos quedaron exonerados del delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

La juzgadora argumentó que la fiscalía les violentó sus derechos al confundir las características de los dos delitos que en un principio les atribuía.

En la misma determinación, la funcionaria del Poder Judicial decretó auto de vinculación a proceso en contra de los ex integrantes de la comisión de adquisición del municipio de Monterrey, David Rex Ochoa Peréz, Arturo Pecina Cruz, Luis Ángel Torres Garza y Aldo Ariel Cepeda López, a quienes consideró probables responsables del delito indebido de funciones públicas por haber aprobado la contratación del servicio del abogado Roberto Martínez Rodríguez, erogando un pago de ocho millones 207 mil 546 pesos por sus servicios.

Antes de concluir la audiencia que se prolongó por espacio de ocho horas, la fiscalía solicitó que les impusiera la medida precautoria de no salir del estado y del país, y a presentarse a plasmar su huella periódicamente. Sin embargo, todos los imputados y sus defensores argumentaron que la no salida del país era una medida excesiva y todos alegaron tener arraigo domicliario en la entidad, y estar dispuestos a presentarse voluntariamente, como lo han hecho, desde que se enteraron de la denuncia.

Al escuchar todos los argumentos de los 10 imputados, la juzgadora advirtió que la fiscalía no acreditó que los imputados tuvieran la voluntad de evadir la acción de la justicia, por ende, solo les impuso la medida de presentarse a plasmar su huella una vez al mes el día que ellos eligieran.

También dio a la agente del Ministerio Público un mes de plazo de investigación que les sigue de los mencionados delitos, que de acuerdo a la denuncia ocurrieron el 20 de octubre, el año pasado, cuando aprobaron y formaron el contrato de los servicios del litigante.

Ernesto Canales
| SANDRA GONZÁLEZ

A la audiencia acudió el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, aunque no otorgó declaraciones a los medios de comunicación.

La actual administración les reclama a los ex funcionarios un desvío de 8 millones 207 mil 546 pesos, monto que según las autoridades regias, se desvió con la contratación de un servicio legal que iban a recibir después de haber dejado sus cargos.

Cuestiona margarita presencia de Canales

La ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, cuestionó al subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, acerca de la fecha en que otros municipios serán citados a declarar, ya que asegura, al menos tres o cuatro contrataron los servicios del mismo despacho por los que se le acusa a ella.

“En lo que respecta a la presencia del licenciado Canales, pues únicamente le pregunté que para cuándo los otros municipios, porque tengo entendido que ya se presentó una denuncia porque hay al menos tres o cuatro municipios que contrataron exactamente el mismo servicio. Esto nos habla también de la evaluación que hizo en su momento la juez de control de los argumentos pobres de la Fiscalía”, dijo Arellanes.

Luego de haber sido vinculada a proceso junto con otros ex funcionarios, en una audiencia que se prolongó por espacio de ocho horas, la ex alcaldesa cuestionó la forma en que se maneja su caso, pues considera que se está haciendo de forma mediática.

“La notificación me llegó por un medio de comunicación, es decir, pues me llegó a través del periódico ahí en la puerta de mi casa, y fue hasta las tres de la tarde ese día que llegó. Eso nos da un poco a pensar que este tema se quiere llevar en juicio en los medios de comunicación y no como debe de ser, dijo.

La ex alcaldesa descartó demandar al despacho que había contratado el municipio por no realizar su trabajo.