SANDRA GONZÁLEZ @sandragonzalezc
27 de diciembre de 2016 / 10:30 a.m.

MONTERREY.- Lo que inició como un gran golpe mediático a finales de mayo, en la víspera de las elecciones a celebrarse en varios estados del país, terminó el año en medio de incertidumbre sobre el destino que tendrá el caso.

Acusaciones públicas, amparos, integración de expedientes cuestionados... es lo que se ha vivido desde hace seis meses en el denominado 'Caso KIA', en el que se busca acreditar al ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz el delito de ejercicio indebido de funciones.

Haber otorgado incentivos por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora automotriz, presuntamente por encima de la ley, fue el argumento que la Subprocuraduría Anticorrupción utilizó para vincular a proceso por tres delitos al ex mandatario estatal.

El proceso comenzó con un revés por parte de la defensa, que ganó un amparo para evitar que Medina de la Cruz se presentara ante el juez de control el 28 de julio.

“Se está reclamando la inconstitucionalidad del acto reclamado que es la citación, va ser analizado por la autoridad judicial y posteriormente en caso de que se conceda se podrá volver a citar al licenciado Rodrigo Medina sin un apercibimiento, sin una amenaza de ser detenido”, dijo en ese entonces el abogado Javier Flores Saldívar.

Este amparo al final fue negado, por lo que el 9 de agosto se vio por primera vez al ex mandatario en la escena pública después de su administración.

“(Estamos) confiados de que no hemos cometido ningún delito y sobre todo también que tenemos la conciencia tranquila […] La verdad al final saldrá a relucir y llevaremos una defensa ordenada y conforme a derecho", dijo el ex mandatario Rodrigo Medina.

En una maratónica audiencia que duró 14 horas, Rodrigo Medina de la Cruz compareció y quedó vinculado por uno de los tres delitos que le atribuían.

El juez de control, Jaime Castañeda no le puso medidas cautelares porque presentó una suspensión de amparo.

Ante esto, el titular de la Subprocuraduría Anticorrupción, Ernesto Canales, cuestionó la decisión del juez.

En este proceso penal se evidenciaron diversas fallas de la parte acusadora.

Luego de que el juez de control vinculó a Medina de la Cruz, por uno solo de los delitos que le atribuían, la Subprocuraduría Anticorrupción solicitó a una instancia superior en el Estado una audiencia de apelación, pero solo para que los fiscales quedaran en evidencia por una deficiente argumentación.

Y es que en la audiencia del 15 de septiembre el magistrado de la Duodécima Sala Penal, Ángel Mario García Guerra amonestó en varias ocasiones al fiscal Héctor Maldonado por no cumplir con las reglas e intentar extender sus alegatos, por lo que en la sesión pública le solicitó apegarse al escrito de tres cuartillas que habían presentado previamente.

Finalmente la petición fue negada y Rodrigo Medina continuó vinculado a un sólo delito.

Pero mientras esto ocurría en la instancia estatal, en los juzgados federales también se movía el caso.

El amparo definitivo que salvó a Rodrigo Medina de las medidas cautelares le fue negado y en respuesta, la defensa encabezada por los abogados Alonso Aguilar Zínser y Javier Flores Saldívar interpusieron una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Nuevo León... que después ordenó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal otorgarle la suspensión de amparo provisional contra la vinculación por el delito de ejercicio indebido de funciones.

El caso impactó en las altas esferas federales ya que nadie se quería hacer cargo de los amparos promovidos tanto por Medina de la Cruz, el ex tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, y el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura determinó que la Juez Quinto de Distrito sería la encargada de resolver todos los amparos relacionados con el "Caso KIA".

Nuevamente regresaron a los juzgados del Estado el 10 de noviembre.

Debido a que el Ministerio Público no reunió las pruebas suficientes contra el ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz y los ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán y Celina Villarreal el proceso se alargó.

Los tres fueron citados a una audiencia conjunta donde el fiscal solicitó la ampliación para el cierre de investigación, que fue concedida por el Juez de Control, Arturo Octavio Reyes.

Será el 26 de enero de 2017 cuando los imputados regresen al Palacio de Justicia para la audiencia intermedia en donde se presentarán las pruebas y argumentos.

Sin embargo, un amparo que está pendiente por resolver podría definir todo el caso... pues de ser favorable para el ex gobernador, podría tumbar todo el proceso