MAYTE VILLASANA
6 de marzo de 2017 / 08:37 a.m.

MONTERREY.- Un juez de control negó este domingo el arraigo domiciliario a dos jóvenes de 18 y 19 años acusados de participar en los saqueos del pasado 5 de enero en una tienda departamental, en Apodaca.

El abogado Gregorio Martínez Rivera, defensa de los acusados, señaló en entrevista telefónica que sus clientes no participaron en los hechos sino que fueron detenidos cuando iban pasando por el lugar, por lo que solicitó el cambio de medidas cautelares para sacarlos del penal del Topo Chico

"Tenemos audiencia el 17 de mayo y voy a aportar pruebas para demostrar que a las 11:40 cuando dicen los policías de Guadalupe, que ya era municipio de Apodaca, ya estaba asegurado el negocio, ya había llegado la policía, ya habían detenido los saqueos".

Sin embargo la situación no fue posible debido a que el juez Francisco Ricardo Báez consideró que los imputados siguen siendo un riesgo para la tienda al tener sus domicilios a tres cuadras del negocio que presuntamente saquearon.

La defensa aseguró que ante esta negativa detectó supuestos acuerdos entre fiscales y jueces que alteraron las investigaciones, por lo que plantea exponer los casos con las versiones de los familiares de los detenidos ante el Congreso local.

"Esto fue un asunto político, un intromisión del Gobernador en los asuntos del Poder Judicial y ordenaron a los mismos defensores no hacer nada, que si bien es cierto podríamos decir que a lo mejor los jueces no estaban bajo las órdenes del Gobernador, pero pues cedieron ante la presión".

Alegó que familiares de otras personas, que han sido acusadas por el mismo delito, cuentan con pruebas en donde fiscales y jueces se ponen de acuerdo en cada uno de los casos por supuestas órdenes del entonces procurador Roberto Flores.

Comentó que de ser aceptada su propuesta, propondrá una mesa de investigación en esas Comisiones y solicitará la revocación de mandato del gobernador Jaime Rodríguez.

"Voy a presentar un escrito al Congreso solicitando se forme una Comisión especial de investigación integrada por la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos del Congreso y que indaguen en todas las carpetas judiciales de todos los detenidos qué violaciones se cometieron".

Cabe señalar que la vinculación que presentan todas las personas que presuntamente saquearon establecimientos, es el de robo agravado y en pandillerismo, el cual alcanzaría una pena máxima de hasta 26 años en prisión.