REDACCIÓN
16 de febrero de 2017 / 09:43 p.m.

MONTERREY.- Un juez de control se negó a liberar a los ex funcionarios del penal del Topo Chico que solicitaron su libertad, porque habían cumplido un año detenidos sin ser juzgados, pese a que argumentaron que son en total 36 reos los procesados como autores materiales directos del asesinato de los 49 que murieron en el motín ocurrido en febrero del año pasado.

Durante una audiencia que se celebró este jueves, el juez Pedro Cisneros resolvió que el ex director de Administración Penitenciaria, Fernando Domínguez Jaramillo, la ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles, y el subdirector Arturo Bernal González, podían permanecer hasta dos años con prisión preventiva como lo establece la Constitución.

Aclaró que el Código Nacional de procedimientos penales señalaba un año como plazo máximo, pero en julio del año pasado se modificó esa medida y su resolución se determina, también, en base a los derechos humanos con los que cuentan los familiares de las víctimas, las cuales sumaron 49.

El juzgador advirtió que con dicha resolución no se vulnera la legalidad del procedimiento judicial que se les sigue a los imputados, ni se violentan sus derechos.

Por lo anterior, Domínguez Jaramillo y Aturo Bernal deberán permanecer recluídos en el Cepreso de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, y Gregoria Salazar en el de Cuernavaca, Morelos.

Antes de emitir su resolución, el juez escuchó los argumentos que presentó el defensor de los ex funcionarios del reclusorio y los hechos por el agente del Ministerio Público.

Fue el miércoles de la semana pasada, cuando Domínguez Jaramillo pidió su libertad al concluir la audiencia intermedia en la que se aprobaron las pruebas que se van a desahogar en el juicio.

Tal procedimiento deberán enfrentarlo una vez que les resuelvan los amparos que promovieron contra el auto de vinculación, los cuales se encuentran en revisión de segunda instancia federal.

Por la resolución de esos amparos, quedó pendiente la fecha de apertura del juicio final.