REDACCIÓN
16 de enero de 2017 / 09:07 a.m.

MONTERREY.- La Subprocuraduría Anticorrupción recibió un nuevo revés, pero ahora con los ex funcionarios del municipio de Monterrey, porque una juez de control se negó a vincular a proceso al ex tesorero Julián Hernández Santillán, a quien señalaron como responsable de un desvío de 34 millones de pesos.

En una audiencia de vinculación que se celebró ayer, la juez resolvió que para poder iniciarle un nuevo juicio al ex funcionario de la administración de Margarita Arellanes, la Subprocuraduría debe acreditar y establecer con exactitud en qué desvió el monto que le están reclamando.

El pasado martes el ex tesorero de Monterrey quedó imputado por segunda ocasión por un peculado de 34.5 millones 550 mil 880 pesos que le reclama la actual administración del municipio.

En una audiencia que se prolongó 15 minutos, el ex funcionario municipal fue señalado como probable responsable de haber desviado dicha cantidad de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015.

Durante la breve diligencia, Hernández Santillán, escuchó la denuncia de los hechos que el director jurídico del municipio, Genaro García de la Garza, presentó el 8 de julio de 2016 en la Subprocuraduría Anticorrupción.

Fue el fiscal Esaú Manzano González, quien se encargó de informarle que la investigación se le inició de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Código Nacional y que, de acuerdo a los hechos, dispuso de la cantidad total que durante esos meses se les descontó, por quincena, a los trabajadores del municipio para cubrirles los adeudos que tienen pendientes con diversos prestadores de servicios.

El agente del Ministerio Público explicó ante la juez Irma Morales que , por esa situación, la actual administración municipal tuvo que cubrir, como deudor solidario, el monto que reclamaban los acreedores.

Después de escuchar la acusación de los hechos que le atribuyen, Hernández Santillán se negó a declarar y por recomendación de su defensor particular se apegó a los beneficios del artículo 20 constitucional

Además solicitó un plazo de 144 horas para tratar de demostrar su inocencia antes que le resuelvan si queda o no vinculado a proceso, las cuales se cumplieron la mañana del domingo y donde se le notificó que no había elementos suficientes para vincularlo, pero la juez señaló que no existía ningún impedimento para que el fiscal realizara la nueva acusación siempre y cuando estipulara qué fueron desviados los más de 34 millones de pesos que se le reclaman.