8 de julio de 2014 / 12:55 p.m.

Monterrey.- Pese al tamaño de su población y de la cantidad de delitos que se cometen, las celdas preventivas de Nuevo León representan sólo el tres por ciento del total existente en el país.

Alcaldes y administraciones pasan, y los separos municipales, donde se remiten a los detenidos por faltas administrativas, se han quedado obsoletos.

La situación se agrava por la reciente modalidad de enviar a procesados, tanto por delitos del fuero común como federal, a estos lugares por tiempo indefinido, a la espera de que les dicten sentencia. Son, como ya se ha dicho, una especie de minipenales.

"Es decir, ¿realmente Nuevo León tendrá en los municipios las celdas adecuadas para darle el seguimiento con la custodia del detenido? Bajo las condiciones en que debe de mantenerse alguien privado de su libertad.

"La pregunta es si las celdas reúnen los requisitos de estándares internacionales para mantener a alguien privado de su libertad", estimó Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad.

El Censo de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2013 del Inegi arroja luz sobre este asunto. En Nuevo León las 219 celdas municipales, representan 3 mil 439 metros cuadrados, con capacidad para albergar a un mil 973 detenidos.

Una cantidad mínima, si se considera que en todo el país existen 7 mil 028 celdas, principalmente en los estados de Oaxaca que tiene 1 mil 188 celdas, Jalisco con 487 celdas y Puebla que cuenta con 427 celdas.

"Dados los problemas que existen en los centros penitenciarios, muchas veces los jueces acuden a las celdas municipales para mantener ahí provisionalmente a los detenidos", opinión Juan Francisco Rivera Bedoya, ex procurador de Justicia en la entidad.

Se trata de un asunto que no es cosa menor. Las cárceles municipales tienden a saturarse, sobre todo los fines de semana, y el espacio es insuficiente.

Tan sólo en el año de estudio, el INEGI detectó 123 mil 698 infracciones, y de estas, 62 mil 299 se convirtieron en arrestos.

Es decir que el 50 por ciento de los detenidos terminó tras las rejas. Y si el espacio es poco, el personal también lo es: los municipios sólo disponen de mil 020 personas destinadas a funciones de justicia.

"Dadas las condiciones de vivimos tenemos que instalar cámaras, tener toda la vigilancia necesaria para que no se te vayan los detenidos...

"Nuestro sistema penitenciario está destrozado, esto hace que se tengan que utilizar estas celdas pero también se constituyen en bombas de tiempo", dijo Rivera Bedoya.

Este año, el área metropolitana recibió más de 249 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios, Subsemun.

Entre los proyectos, nadie contempla la modernización de sus cárceles.

FOTO: Archivo

LUIS GARCÍA