MILENIO DIGITAL | EDUARDO MENDIETA Y DANIELA GARCÍA
8 de octubre de 2015 / 08:35 a.m.

Monterrey.- Los integrantes del Gabinete estatal recién nombrado cargan con un pasado gris como funcionarios públicos.

Algunos de ellos, como Adalberto Núñez Ramos, José Luis Ortiz Durán y José Rodolfo Martínez, estuvieron marcados por irregularidades en el manejo de recursos.

                            FRAUDE EN FOMERREY


Adalberto Núñez Ramos, quien ocupa nuevamente la dirección de Fomerrey, fue investigado por presunto fraude de 4.5 millones de pesos durante su paso por el organismo, en la era de Fernando Canales y Fernando Elizondo.

Cinco meses después de dejar el cargo, la administración de Fomento Metropolitano de Monterrey, encabezada por el ex panista, fue denunciada el 3 de febrero del 2004 por el gobierno de José Natividad González Parás.

En ese entonces, una investigación arrojó la notificación irregular de mil 200 predios en tres sectores de la colonia Arboledas de San Roque sin la autorización del municipio de Juárez lo que violaba la Ley de Ordenamiento Territorial de Nuevo León.

Ante la presunta anomalía, Fomerrey dejó de aceptar los pagos de los mil 200 colonos, lo que generó una protesta masiva de sus habitantes, ya que sus viviendas estaban edificadas sobre una superficie irregular de 220 mil metros cuadrados.

Al día siguiente el organismo, encabezado en ese entonces por el priista Felipe Enríquez Hernández, emprendió una batalla legal por el presunto fraude por 4.5 millones de pesos.

Nuevos funcionarios están marcados por un pasado gris
Adalberto Núñez Ramos, quien ocupa nuevamente la dirección de Fomerrey, fue investigado por presunto fraude de 4.5 millones de pesos. | FOTO: MILENIO

"Aunque yo no firmé el convenio, es una calumnia más, son cortinas de humo es falso y que se compruebe que un solo centavo se desvió", respondió.

Por otra parte, el 14 de octubre de 1999, se reveló que el también alcalde de San Nicolás, en el periodo 1994-1997, pactó la venta de un bien municipal al Colegio Sor Juan Inés de la Cruz, un 40 por ciento abajo del valor comercial y catastral.

La operación se realizó en 3 millones 224 mil 600 pesos cuando el valor real de acuerdo al avaluó más alto era de 5.4 millones de pesos, es decir, 2 millones 223 mil pesos por debajo del precio autorizado por el Congreso del Estado.

                               Orden de aprehensión

Otro de los funcionarios del Gabinete, José Luis Ortiz Durán, fue buscado por la justicia en 1999 aún siendo secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro.

El juez consideró que violó una suspensión de amparo en la construcción de un edificio, sin embargo, fue exonerado y quedó libre de toda culpa en el 2003.

La denuncia de hechos contra quien resultara responsable fue interpuesta por Gerardo Gámez Valdez, entonces director jurídico de Fomerrey, ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Electorales y Funcionarios Públicos, recibida por Aldo Fasci Zuazua, entonces subprocurador de Ministerios Públicos.


El proceso jurídico inició en 1998, cuando el municipio de San Pedro descubrió que una torre de departamentos que se edificaba, en la Colonia Valle del Campestre, había violado el reglamento de desarrollo urbano municipal.

Las labores de construcción se ejecutaban sobre la avenida Ricardo Margáin Zozoya 240, por parte de Inmobiliaria Bamargo, SA de CV.

Pero en una supervisión realizada por la dependencia que encabezaba Ortiz Durán, evidenciaron algunas fallas como la de edificar 5 mil metros cuadrados de construcción de más de los que la licencia le permitía.

Por ello, el particular ingresó documentación ante el municipio para regularizar la supuesta violación de la altura que establecía el reglamento de Desarrollo Urbano, por lo que el Cabildo sampetrino le dio una negativa.

Ante esta situación, Inmobiliaria Bamargo interpuso una suspensión de amparo, pero de poco le sirvió ya que la vigencia de su licencia de construcción había terminado, recibiendo un segundo revés por parte de la secretaría que encabezaba Ortiz Durán, al determinar la clausura de la obra.

Nuevos funcionarios están marcados por un pasado gris
En la era de Fernando Canales y Fernando Elizondo también se descubrieron supuestos fraudes. | FOTO: MILENIO

El particular argumentó la supuesta violación a la suspensión de amparo, por lo que el Juez Tercero de Distrito en materia penal concedió en octubre de 1999 una orden de aprehensión en contra del funcionario.

Ortiz Durán debió esconderse para evitar ser detenido por las autoridades judiciales.

Mientras no existieran condiciones que garantizaran la seguridad para su persona no podía presentarse en su oficina, señaló Ortiz.

Un mes después de la orden de aprehensión, un juez le dictó formal prisión por el proceso judicial que pesaba en su contra, sin embargo, tuvo el beneficio de la libertad caucional.

Fue en febrero del 2003, cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal exoneró a Ortiz Durán, durante el gobierno de la entonces alcaldesa, Tere García de Madero.

                       En la mira de la Federación

Tras ser subsecretario de Fomento y Desarrollo Agropecuario de Nuevo León durante la gestión de Fernando Canales, Rodolfo Farías Arizpe fue nombrado director en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), en donde se detectaron irregularidades en la comercialización de algunos productos.

Farías fue nombrado como director de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario por el gobernador Jaime Rodríguez, causando molestia entre algunos de los productores, debido a los cuestionamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio fiscal del año 2004.

Tras abandonar su puesto, Farías Arizpe fue nombrado director en jefe de Aserca, cargo que desempeñó hasta 2005, fecha en que renunció.

La renuncia de Farías Arizpe fue anunciada por la Sagarpa sin mayores inconvenientes, pero en 2006 el Órgano Interno de Control (OIC) realizó una investigación por irregularidades en el ejercicio de recursos por 127 millones 235 mil 933 pesos.

En el mismo periodo, la ASF realizó observaciones en el Informe de la Cuenta Pública por irregularidades de más de 140 millones de pesos: 80 millones de pesos por la comercialización de miles de toneladas de frijol y 62 millones de pesos que no fueron justificados.
Aunque para la fecha en que se publicaron estos informes, Farías Arizpe ya no era el encargado de Aserca, sí lo era durante el ejercicio fiscal de 2004, cuando se encontraron las irregularidades.