21 de marzo de 2014 / 10:29 p.m.

 De la Garza Santos reiteró el apoyo para los ciudadanos que sean afectados por esta situación que ha sido denunciada públicamente por los choferes a lo largo de los años.

 

Monterrey.- Los transportistas, empresarios o choferes, que hayan sido víctimas de extorsiones y chantajes por parte de agentes viales municipales o federales, pueden y deben acudir a presentar sus denuncias ante el Ministerio Público.

Lo anterior con el fin de que se investigue la conducta de los elementos que cometen abusos en avenidas de la zona urbana o en las carreteras que convergen en el estado, según el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, quien ofreció también orientación en caso de tratarse de un delito federal.

"Pueden acercarse ante el Ministerio Público para denunciar esta situación, y lo vamos a investigar. Y en caso de que investiguemos y sea un tema de carácter federal, nosotros podemos desahogar una investigación y hacerle la comunicación a la autoridad federal correspondiente para que ellos procedan en consecuencia", estableció el funcionario.

De la Garza Santos reiteró el apoyo para los ciudadanos que sean afectados por esta situación que ha sido denunciada públicamente por los choferes a lo largo de los años.

"Todo el apoyo por parte de la Procuraduría y del Gobierno estatal para que se acerquen, para que denuncien y que vamos a investigar y podamos llegar hasta las últimas consecuencias", aseveró.

El "abogado de la comunidad" prefirió no adelantarse en torno al tipo de delito o cargos que podrían fincarles a los elementos viales que incurren en esas prácticas.

En recientes fechas, el presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) hizo pública la molestia de quienes se desempeñan en ese ramo.

Lo anterior debido a que, constantemente, los trabajadores del volante son víctimas de presiones por parte de oficiales municipales o federales, para que les entreguen dinero.

Los acusan en falso de diversas faltas, como circular a alta velocidad o rebasar el peso y dimensiones, pero con la única finalidad de despojarlos de dinero.

Esos recursos, lejos de ingresar a las arcas gubernamentales por medio de la aplicación de infracciones, van a parar a los bolsillos de los propios uniformados.

Dicha problemática ha afectado en forma directa la operación tanto de compañías como de hombres-camión, incrementando considerablemente los costos y por ende marcando una reducción en las utilidades.

Agustín Martínez