REDACCIÓN 
6 de marzo de 2017 / 06:33 p.m.

MONTERREY.- Los tres ex colaboradores del ex gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, que son procesados junto con él por el caso Kia, también ganaron los amparos que promovieron contra el auto de vinculación que enfrentan, pero solo fue para efectos de que les vuelvan a iniciar el procedimiento judicial y están en espera de que esa resolución pase a la revisión de un Tribunal Colegiado.

Fue la juez quinto de distrito en materia penal, quien resolvió los juicios de garantías a favor del ex tesorero, Rodolfo Gómez Acosta, al que concedió la protección de la justicia federal en contra de la vinculación a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas, delitos contra el patrimonio del estado y peculado.

En dos distintas resoluciones, la funcionaria federal también favoreció al ex director de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, y a la ex subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional, Celina Edith Villarreal Cárdenas, a quienes les concedió el amparo contra el auto de vinculación que enfrentan por ejercicio indebido de funciones públicas.

Los amparos que beneficiaron a los ex funcionarios estatales quedaron resueltos casi al mismo tiempo que la resolución del ex gobernador Medina de la Cruz, quien recibió la protección en contra del delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

Mientras, al igual que sus ex compañeros espera la resolución final que deben emitir los ex funcionarios de segunda instancia federal, el ex tesorero, Rodolfo Gómez Acosta y sus defensores no dejan de actuar en la carpeta que les integran en la Subprocuraduría Anticorrupción.

Pues, esta lunes se desahogó un audiencia, en la que el ex funcionario y sus abogados solicitaron reabrir el plazo de cierre de investigación, porque les falta reunir varias pruebas con las que pretenden acreditar que no cometió ningún delito.

Cristóbal Hernández abogado del ex tesorero advirtió que les falta recabar la declaración de tres empleados coreanos de la empresa Kia a la que, pese que firmó un convenio, no han tenido acceso ni a la información requerida.

También les falta la respuesta de un oficio que enviaron al presidente del Congreso del Estado y otros informes que trataron de recabar y no pudieron ni con el auxilio judicial.

Pero, la fiscal Anticorrupción, Griselda Jaramillo, se opuso argumentando que tuvieron tiempo suficiente para eso y la juez de control Ana Bertha Baca Sauceda respaldó su alegato y rechazó la petición de Gómez Acosta y sus abogados.