SANDRA GONZÁLEZ
3 de enero de 2017 / 06:28 a.m.

MONTERREY.- La acusaron de ejercicio abusivo de funciones por utilizar dinero del municipio de Monterrey para pagar un servicio legal que le costó 8 millones 207 mil 546 pesos, pero Margarita Arellanes, ex alcaldesa de la ciudad capital ganó un amparo definitivo contra la vinculación a proceso.

Después de cinco meses bajo proceso penal, la Subprocuraduría Anticorrupción sufrió un revés, luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal otorgó el fallo a favor de Arellanes Cervantes, que obliga a reponer el proceso bajo la nueva legislación penal, toda vez que el proceso actual se llevó bajo los criterios del viejo sistema.
Ella y sus ex colaboradores obtuvieron el mismo beneficio.

☞ Irasema Arriaga Belmont, ex Síndica del Ayuntamiento
 Francisco de la Cruz, ex Director Jurídico
 Julián Hernández Santillán, ex Tesorero Municipal
Alejandra Rodríguez, ex Secretaria de Administración
Arturo Pezina, ex Regidor PRI
☞ Aldo Cepeda, ex Director de Egresos

Algunos estaban vinculados a ejercicio indebido de funciones.

Después de este triunfo, Margarita Arellanes consideró que se está demostrando que todos los actos que realizó como alcaldesa fueron apegados a derecho.

Ante esto se debe fijar una nueva fecha para reponer el procedimiento bajo los criterios del sistema penal vigente.

Aunque la Subprocuraduría Anticorrupción puede interponer un recurso de revisión contra la medida en el Tribunal Colegiado, la situación es complicada, reconoció el Estado.

Y es que esto podría tumbar otros casos como el del ex gobernador, Rodrigo Medina y otros procesos abiertos, incluso por delitos de alto impacto, sostuvo Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad estatal.

El funcionario explicó que la Juez consideró que Arellanes y sus coacusados fueron procesados indebidamente con el Código Estatal de Procedimientos Penales, ya que al presentarse la denuncia ya estaba vigente el Código Nacional.

Actualmente, debido a la implementación del nuevo sistema, existen cuatro procedimientos vigentes.

Ante este revés existen dos opciones: que las partes implicadas, sea Subprocuraduría Anticorrupción, defensa o juez interpongan un recurso de revisión del amparo para continuar con el procedimiento como hasta ahora o ratificar el amparo, lo que podría demorar el caso.
Y la otra, que se acate la decisión de la juez federal y se reinicie el proceso, ahora sí bajo el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero esto afectaría a otros casos.

                   ¿Pero por qué comenzó esta batalla legal?

La actual administración le reclama un desvío de poco más de siete millones de pesos más gastos generados por la operación, por la contratación de un despacho legal que defendería a Arellanes y sus ex colaboradores después de concluir su cargo contra cualquier acción legal generada durante su período como funcionarios.

Los ex colaboradores van incluídos por haber formado parte del comité de adquisiciones que aprobó la contratación y los integrantes del cabildo así como ex funcionarios, por darle el visto bueno.
El 30 de junio fue su audiencia de vinculación en donde ella y sus co acusados se negaron a declarar.

En una de las audiencias posteriores a las que acudieron a petición del juez, la defensa preveía este triunfo.

El amparo que se logró es una prueba de que todo se hizo conforme a derecho, consideró la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes en una entrevista para Telediario.

Además explicó que contrató este despacho debido a que en la administración que le tocó encabezar tuvo que pagar millones de pesos por daños que le reclamaban al municipio, por problemas que tenían 15 años en juicios.

Hasta el momento las autoridades estatales de la Subprocuraduría Anticorrupción no han determinado que camino legal seguirán. En tanto, el municipio de Monterrey anunció en semanas pasadas que el despacho beneficiado reintegró a las arcas de la ciudad el monto total erogado por la ex alcaldesa.