17 de septiembre de 2014 / 11:55 a.m.

Monterrey.- El penal de Mina es la obra que nadie quiere y que podría quedarse en obra negra, como un proyecto el cual se gastaron 430 millones de pesos.

En la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 no se nombra al penal cuyas obras comenzaron en el municipio de Mina dentro de los proyectos de inversión, por lo cual se entiende que la Federación no lo ha incluido dentro de su sistema de centros de readaptación social.

Incluso la ampliación de infraestructura del sistema penitenciario federal en los centros federales de readaptación social de alta seguridad -para lo que se requieren 7 mil millones de pesos en el 2015- se encuentra en los proyectos de inversión registrados todavía sin asignación de recursos.

En tanto, la obra que se ubica en el kilómetro 45 de la carretera Monterrey- Monclova está detenida, pues los trabajos que correspondían a la Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León ya concluyeron.

Muestra del abandono en el lugar es una manta que promocionaba a la obra, que fue señalada como una de las acciones de mayor relevancia en materia de seguridad, la cual actualmente luce desgarrada y descolorida.

En tanto, pese a que en Nuevo León los tres centros de readaptación social están sobrepoblados, ninguna autoridad ha levantado la mano para continuar el proyecto que comenzó en la administración de Natividad González Parás, pero la construcción inició en julio de 2011.

El 14 de julio de ese año, el siguiente gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, puso en marcha la construcción del Centro de Reinserción Social en el kilómetro 45 de la carretera Monterrey-Monclova, en el municipio de Mina.

El Estado pagó la primera y segunda etapa, que consisten en el camino de acceso, cerca perimetral, barda de concreto, un edificio para talleres y estacionamiento.

La intención de que el penal tuviera capacidad para cuatro mil internos al final no fructificó, y la cifra quedó en dos mil 300 reclusos, al menos en una primera fase.

Pero debido a que en esta cárcel pretenden trasladar a reos de alta peligrosidad, relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada principalmente -unos 3 mil de los 9 mil que hay en todos los reclusorios de la entidad-, a mediados de 2013, el estado propuso que el penal de Mina fuera incluido en el Programa Federal de Penales de Alta Seguridad para que el Gobierno de la República aportara los recursos, pero desde entonces esperan una respuesta.

El 6 de agosto del presente año, durante una gira por el municipio de Mina, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz aseguró que la negociación iba avanzada.

"Va avanzando, estamos en coordinación con el Gobierno Federal, estamos en la última etapa para que esto pueda transferirse al Gobierno Federal y que se concluya por parte de la administración del presidente Peña", mencionó entonces.

Se estima que para la construcción del penal de Mina se requieren tres mil millones de pesos, pero esta cifra no fue incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así lo confirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Pedro Pablo Treviño Villarreal.

"El penal de Mina ha tenido negociaciones, desconozco en qué estado esté pero no he visto que haya avance en este momento", señaló en una rueda de prensa efectuada el 7 de septiembre en la ciudad de Monterrey.

Para las etapas posteriores, las autoridades señalaron que se gestionarían ante las Secretarías de Seguridad Pública y la de Hacienda y Crédito Público, recursos por tres mil millones de pesos para la construcción de las siguientes fases, que consisten en 16 edificios para dormitorios, áreas de equipamiento y servicios para 2 mil 300 internos, con un total de 74 mil 51 metros cuadrados de construcción, además de edificios para administración, bodega, área canina, taller de mantenimiento, centro de adiestramiento, guardería, andén de insumos y Fomento Laboral Penitenciario, AC (Folapac). Esto incluía también instalaciones eléctricas, de tuberías, red contra incendios, drenaje, planta tratadora de aguas negras y servicios de comunicación satelital.

Sin embargo, todo dio un giro el año pasado cuando se informó que sólo faltaba una "firma de oficialización" para convertir el penal en una cárcel de máxima seguridad.

Reconocen sobrepoblación carcelaria

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2012-2015 que emitió el Gobierno del Estado, en el apartado de Administración Penitenciaria y Reinserción Social, se informa que "En cuanto a la población interna actualmente la tasa de internamiento es de 218 vinculados por cada 100 mil habitantes, lo que representa, de acuerdo a la capacidad institucional establecida, una sobrepoblación de aproximadamente 50 por ciento –6 mil 108 camas contra 9 mil 170 internos– con una tendencia de crecimiento anual del 25 por ciento (más de 3 mil procesados al año, con una temporalidad de estancia en promedio de 1 año y 6 meses)", cita el documento.

A tres años de que comenzaron las obras de infraestructura, las cuales costaron a la administración estatal 430 millones de pesos, la gestión que encabeza Rodrigo Medina de la Cruz espera que el Gobierno Federal termine el proyecto, contemplado ahora como una prisión federal de máxima seguridad.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirmó en mayo que "sin duda alguna" habrá apoyo para continuar el proyecto, pero esto aún no es una realidad.

Detalles

-La obra que se ubica en el kilómetro 45 de la carretera Monterrey- Monclova está detenida, pues los trabajos que correspondían a la Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León ya concluyeron.

-A tres años de que comenzaron las obras, que costaron al estado aproximadamente 430 millones de pesos, la gestión nuevoleonesa actual espera que el Gobierno Federal termine el proyecto.

-Se estima que para terminarlo se requieren 3 mil mdp, no incluidos en el PEF, dijo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Pedro Pablo Treviño Villarreal.

Foto: Sandra Gónzalez 

SANDRA GONZÁLEZ