CÉSAR CUBERO | MILENIO DIGITAL
8 de diciembre de 2015 / 07:17 a.m.

Monterrey.- En Nuevo León habitan entre 140 y 160 mil personas de 56 pueblos indígenas, a las cuales aún no se les garantizan derechos fundamentales como la salud y la justicia, según lo planteó Galileo Hernández, miembro de Pueblos Indígenas.

"Creo que se siguen replicando cuestiones que están muy alejadas a las transformaciones que contempla la reforma de derechos humanos, todavía hay diversos temas pendientes, por ejemplo, en el tema de impartición de justicia, el Poder Judicial y la Procuraduría de Justicia en el Estado, ahorita es fecha que no han adecuado mecanismos que en alguna manera permitan un debido proceso a las personas de comunidades indígenas.

"Por ejemplo, cuando una persona es procesada por un delito y esta persona se suscribe a comunidades indígenas, el código penal del estado contempla que debe contar con un traductor e intérprete que conozca de su lengua y su cultura, esto ahorita en Nuevo León no está garantizado.

"Sabemos que hay muchos compañeros que han sido procesados y no han contado, no se les ha garantizado este derecho, y sucede que no han llevado un debido proceso en un asunto penal", destacó Galileo Hernández.

Esta situación también se presenta a la hora de que uno de estos ciudadanos necesita, por su salud, de alguna atención médica.

Indigenas
Los Mixtecos y Otomíes que viven en Nuevo León se dedican a la elaboración de artesanías y otros productos | MARILÚ OVIEDO

"Esto mismo sucede cuando reciben una atención médica en una institución pública, por ejemplo, si no hay un canal adecuado de comunicación entre paciente y doctor o la institución que presta el servicio, pues difícilmente podemos tener un diagnóstico adecuado.

"Esos digamos son los dos ejemplos más significativos que de alguna manera se replican día con día y donde de alguna manera podemos ver que existe una urgencia de garantizar esos derechos que están reconocidos desde 2001, y en Nuevo León desde 2012", señaló el activista.

Por ello, la reforma constitucional nacional del 2011 todavía no alcanza en el estado esa transformación que las instituciones deberían prestar u ofrecer, "una atención con pertinencia fundamentada en esas grandes reformas".