Erik Solheim Rocha
15 de febrero de 2016 / 03:32 p.m.

Monterrey.-Tras darse a conocer los lujos y privilegios que tenían internos del Penal del Topo Chico, los diputados locales pidieron al Gobierno del Estado revisar también los penales de Apodaca y Cadereyta.

Los legisladores exhortaron al secretario de Seguridad Estatal, Cuauhtémoc Antúnez, para que cuanto antes presente un plan de seguridad estatal donde se incluya la estrategia en torno a  los centros penitenciarios.

"Lo que salió de los lujos, merece que se haga una visita a Cadereyta y a Apodaca para ver como están las condiciones", dijo el Coordinador priista, Marco González.

"Felicitamos que ahora el Estado realmente tenga el control del penal y esperemos que también tenga el control en Cadereyta y Apodaca".

Acción Nacional manifiesta que la masacre pudo haberse evitado sí se tomaban las precauciones necesarias.

"La realidad es que desde la llegada del gobierno de Jaime Rodríguez, ellos sabían cuál era la situación que se guardaba en el penal, y desafortunadamente no se hizo nada hasta que sucedió una tragedia es cuando toman el control del penal", dijo Arturo Salinas.

En cuanto al proceso que lleva la ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles, por homicidio calificado, Movimiento Ciudadano dice que es materialmente imposible demostrar este delito, por lo que esperan no se equivoque la Procuraduría.

"Es por demás evidente que tenían complicidad con los grupos delincuenciales, tan es así que llegamos a ver mini splits, saunas y que cuatro de los fallecidos no estaban registrados, pues entonces como llegaron ahí".

"Omisión, negligencia, tráfico de influencias, complicidad o el de poner en riesgo a la sociedad esos sí pudieran en algún momento tipificarse", señaló Samuel García.

Además destacó el déficit de custodios que tenía el Topo Chico.

"Hay estándares de custodios por cada reo y en ese penal en especial solamente se cubría el 20 por ciento de lo que marca el estándar internacional", dijo Samuel García.

Se agregó un exhorto a la Secretaría de Hacienda Federal para que gestione recursos para reanudar el proyecto del penal de Mina.