EDUARDO MENDIETA | MILENIO
27 de febrero de 2017 / 05:21 p.m.

MONTERREY.- El agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó una orden de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, por el presunto fraude de 6 millones de dólares, consumado junto con su socio Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, contra Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo.

Información publicada por la prensa nacional establece que García Méndez y Canales presuntamente defraudaron a Paula Cusi, por dinero que había recibido como compensación por la cesión de todos los derechos en la sucesión a Emilio Azcárraga Jean, actual propietario de Televisa.

La información generada desde el 17 de febrero, pero publicada este lunes, señala que la orden de aprehensión sólo se giró en contra de García Méndez, por lo que la de Canales, -que jurídicamente sería culpable del mismo delito-, sigue en interrogación.

Canales Santos, subprocurador Anticorrupción, compareció ante los diputados del Congreso del Estado, en el que aceptó haber recibido, por procesos legales en donde se le involucra, un monto de seis millones de dólares, en Estados Unidos.

El funcionario estatal indicó que el litigio en donde se le acusa de fraude sigue vigente y pese a ello, no pretende renunciar a su cargo, luego de que se le citara para aclarar una denuncia en su contra interpuesta por la viuda del ex presidente de Televisa.

El pasado 17 de octubre, MILENIO Monterrey publicó que las autoridades judiciales de la Ciudad de México, a través de un actuario del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, emplazaron al subprocurador Anticorrupción para que rindiera cuentas, en ese entonces, por 7.2 millones de dólares.

El actuario Marcelo Puente, del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León dejó este emplazamiento en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, al tratarse de la oficina de Canales Santos.

A decir del representante legal de Cusi, Canales Santos deberá además rendir cuentas por un millón 200 mil dólares de lo que pagó Paula por honorarios en esos años, lo que implicaría entregar facturas, recibos de honorarios y gastos pormenorizados del litigio.