Piden sancionar a funcionarios regios por policías "piratas"

  

Monterrey.- El dirigente del PRI en Monterrey, Aldo Fasci Zuazua, indicó que funcionarios del Ayuntamiento regio incurrieron en delitos federales y deberían ser sancionados, debido a que dieron de alta como policías a personas que no cumplían con los requisitos de ley.

El ex secretario de Seguridad estatal expresó que dichos procedimientos ilegales sólo han generado problemas en la Policía Municipal, como los casos de corrupción y abusos, pues muchos oficiales no tienen el perfil.

También consideró que, al no haber cubierto los requisitos cabalmente, sólo causan riesgos a los propios policías en el desempeño de su labor.

"Es muy importante señalar todo esto porque no es solamente una crítica; estamos hablando de que se está poniendo en riesgo la seguridad de los regiomontanos, se está violando la ley y se está poniendo en riesgo la seguridad de muchos policías", señaló Fasci Zuazua.

El también ex jefe del Ministerio Público en Nuevo León recalcó que, de acuerdo con la legislación federal y estatal, los aspirantes a oficiales preventivos deben cumplir requisitos básicos.

Estos son, primero, el requisito de selección, que abarca el perfil y los estudios, cursos y preparación avalados u homologados por el Sistema Nacional de Seguridad.

Además, en Plataforma México se revisa que el elemento no tenga orden de aprehensión pendiente, debe acreditar las pruebas de confianza y contar con la respectiva acreditación.

Cabe destacar que la falta de alguno de estos requerimientos repercute en la falta de los respectivos portes de arma.

"Luego, los que no tienen armas y son buenos elementos, pues están sujetos a un riesgo enorme, porque les puede pasar cualquier cosa. Un policía requiere traer un arma", subrayó Aldo Fasci.

El líder partidista comentó que, según el artículo 139 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, incurre en delito federal la persona que dé de alta en el sistema a quienes no hayan cumplido los requisitos o no estén acreditados.

Dicho ordenamiento sanciona esas faltas con penas de dos a ocho años de prisión y de 500 a 1 mil días de multa. El castigo se incrementa en un 50 por ciento cuando el infractor es funcionario del área de Seguridad Pública.

Fasci Zuazua no quiso decir si la alcaldesa o los altos mandos de la Policía de Monterrey deben pagar por eso, pero pidió calidad, en lugar de cantidad.

"Preferimos menos policías, pero bien acreditados, que un montón que pongan en riesgo a todo mundo. Yo creo que no pasa nada y no afecta en nada, si no se cumple una meta que era imposible cumplir", concluyó.

Agustín Martínez