LUIS GARCÍA
20 de febrero de 2017 / 07:17 a.m.

MONTERREY.- Aunque fue aprobado desde el año pasado y entró en vigor hace unas semanas, el nuevo Reglamento de Tránsito Homologado ignora disposiciones legales que lo convierten en presa fácil de una controversia constitucional.

Especialistas y abogados consultados por Telediario confirmaron que la normativa vial no contempla un grupo de ciudadanos como posibles transgresores, lo que abre la puerta a que cualquier persona que se sienta afectada por este motivo pueda librar las sanciones establecidas por los municipios.

El análisis sostiene que, de acuerdo a:

a) Jornalero: máximo el importe de su jornal diario.
b) Obrero: máximo el importe del salario de un día.
c) Trabajador: máximo el importe del salario diario.
d) Trabajador no asalariado: máximo el equivalente de un día de ingreso.

No obstante, el artículo 169 del nuevo Reglamento de Tránsito Homologado sólo prevé estos beneficios para jornaleros, obreros y trabajadores no asalariados, dejando fuera a los trabajadores.

La redacción de este artículo señala que cualquier infractor tendrá 10 días hábiles para comprobar su condición laboral ante el tesorero del municipio, a fin de que su multa no exceda los parámetros antes señalados, pero jamás aboga por el grupo comprendido en "trabajador" que marca la Constitución Mexicana.

Abogados consultados coincidieron en que ningún reglamento municipal o ley estatal se encuentra por encima de la Carta Magna del País, de ahí que los alcaldes metropolitanos y sus cabildos fallaron al omitir conceptos incluidos en el artículo 21 de la citada legislación, y en el artículo 25 de la Constitución de Nuevo León.