SANDRA GONZÁLEZ   
9 de enero de 2017 / 12:48 p.m.

MONTERREY.- La Subprocuraduría Anticorrupción lanzará un nuevo embate contra el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz al buscar imputarle el delito de peculado.

El 25 de enero se programó una audiencia de imputación en el Palacio de Justicia ubicado en el municipio de Monterrey, a donde el ex mandatario tendrá que acudir debido a que el amparo que ostenta esta condicionado a atender las órdenes del juez.

Cabe recordar que al inicio del proceso penal que se abrió en contra de Medina de la Cruz por otorgar incentivos a KIA por 3 mil 600 millones de pesos, presuntamente por encima de la ley, un juez de control lo exhoneró de los delitos de peculado y daño patrimonial, vinculándolo únicamente al ejercicio indebido de funciones.

Esto provocó que la Subprocuraduría Anticorrupción presentara una queja sin embargo en la audiencia para solicitar dichos cargos, el fiscal fue exhibido por el magistrado al no apegarse a las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Sin embargo, el Estado aún tiene la oportunidad de solicitar nuevamente que se le imputen más cargos al ex gobernador, para lo cual se abrió esta nueva fecha.

Un día después, es decir el 26 de enero, Rodrigo Medina tendrá que regresar al Palacio de Justicia debido a que esa fecha se fijó para la audiencia de cierre de investigación en el que la Subrpocuraduría Anticorrupción deberá presentar las pruebas en contra del ex gobernador y sus co acusados que son el ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert y la ex Subsecretaria de Inversión Extranjera, Celina Villarreal Cárdenas.

En los juzgados federales también se movió el Caso KIA, ya que una juez otorgó un amparo en contra del embargo precautorio de bienes.

Y es que al inicio del proceso penal, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar el embargo de un rancho de 36 hectáreas, propiedad de Medina de la Cruz en General Terán lo cual fue concedido por el juez de control.

Sin embargo la juez consideró inconstitucional que esta decisión se haya tomado en una audiencia privada por lo que ahora ordenó que se realice nuevamente y el afectado tenga oportunidad de defenderse.