REDACCIÓN
6 de septiembre de 2016 / 06:39 p.m.

MONTERREY.- La Procuraduría de Justicia presentó la acusación formal en contra de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, y de sus nueve coacusados en el desvío de más de 8 millones 207 mil 546 pesos, que utilizaron para la contratación de servicios legales que los representarían al concluir su administración.

Fueron los agentes del Ministerio Público de la Subprocuraduría Anticorrupción quienes este lunes entregaron en el área de Gestión Judicial la acusación con todas las pruebas que pretenden se desahoguen en el juicio para acreditar la responsabilidad de Arellanes Cervantes, por el delito de ejercicio abusivo de funciones públicas.

Los fiscales entregaron las probanzas hasta que concluyó el plazo extra que les otorgaron para concluir la investigación, en la que también tienen vinculados por el mencionado delito a Irasema Arreaga Belmont, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra y José Francisco de la Cruz Suárez.

Aunque los investigadores especializados en Anticorrupción manejaron con hermetismo los datos de la acusación formal, trascendió que son más de 30 declaraciones y diversas pruebas documentales las que solicitaron para robustecer la responsabilidad de la ex alcaldesa, así como de otros de sus ex colaboradores, entre quienes se encuentran David Rex Ochoa Pérez y Arturo Pecina Cruz,

Así como también Luis Ángel Torres Garza y Aldo Ariel Cepeda López, quienes actualmente están vinculados a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido de funciones públicas.

La lista de pruebas presentadas por los agentes del Ministerio Público van a ser analizadas por el juez de control que sigue el caso, quien posteriormente en una audiencia intermedia definirá las pruebas que fueron aceptadas para el desahogo en el juicio final

El juicio se programará hasta que se resuelvan en definitiva los amparos y apelaciones que promovieron cada uno de los ex funcionarios municipales investigados por la denuncia que presentaron representantes de la actual administración de Monterrey.