REDACCIÓN
21 de junio de 2016 / 06:57 a.m.

Monterrey.- El ex secretario de desarrollo económico de la pasada administración, Rolando Zubirán Robert, se sumó a la lista de ex funcionarios que buscan la protección de la justicia federal, aunque recibió un revés porque se sobreseyó el amparo que promovió en contra de cualquier orden de aprehensión.

Fue en el transcurso de la semana pasada, cuando Rolando Zubirán Robert promovió el amparo 231/2016 en el juzgado primero de distrito en materia penal.

En el juicio de garantías, el ex funcionario estatal pidió la protección en contra de cualquier orden de aprehensión o presentación en su contra, porque según sus argumentos, lo investigan dentro de la carpeta judicial número 1/2016.

Sin embargo, al solicitar los informes a las autoridades correspondientes, principalmente, de la Procuraduría de Justicia, el juzgador federal fue notificado de que no existía ninguno de los actos reclamados por Zubirán Robert.

Por lo que el juicio de garantías registrado quedó sin efectos y se sobreseyó ante la respuesta de las autoridades a las que se les solicitaron los informes, de acuerdo a lo publicado en las listas de acuerdos del recinto federal.

Rolando Zubirán se convirtió en el tercer ex funcionario de la anterior administración que buscan protegerse con las autoridades federales de las posibles acciones que puedan emprendan en su contra los actuales representantes de la Procuraduría de Justicia.

Pues, esas mismas acciones las realizaron, el ex alcalde del municipio de Juárez, Rodolfo Ambriz Oviedo y el ex tesorero estatal, Rodolfo Gómez Acosta.

Aunque, el único que consiguió la suspensión definitiva fue Gómez Acosta por los argumentos que planteó al promover el amparo.

Mientras que el ex alcalde sólo recibió una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión.

Actualmente, dichos ex funcionarios esperan el desahogo de la audiencia constitucional en la que los juzgadores federales van a resolverles si les conceden o no la protección contra las posibles acciones emprendidas en su contra por las actuales autoridades estatales.