30 de septiembre de 2014 / 07:30 p.m.

Monterrey.- Ante la cada vez más lejana posibilidad de que el Gobierno del Estado concluya la construcción del penal de Mina, la bancada local del PRD propuso este martes una reforma a la Ley que regula la Ejecución de las Sanciones Penales, a fin de evitar mezclar los reos comunes, los que lleguen por delitos culposos y los reos de alta peligrosidad.

La propuesta fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado por el diputado del partido del sol azteca, Erick Godar Ureña Frausto, quien explicó que se trata de la adición de un capítulo cuarto a dicha ley y una reforma a los artículos 36, 37 y 38, para regular la reclusión penitenciaria.

Esto debido a que en la actualidad los centros penitenciarios del estado no cuentan con una efectiva separación de reos, por tipo de delito o gravedad, o incluso entre hombres y mujeres, aunado al hacinamiento y la violencia que existe al interior de los mismos.

En este sentido, la reforma busca evitar que las personas que se encuentran bajo proceso o con sentencias por un delito culposo o no grave, tengan contacto con reos considerados de alta peligrosidad, por delitos como homicidio, violación o narcotráfico.

"Se propone que, en general, las personas que cometan este tipo de delitos culposos no sean recluidos en los centros penitenciarios que actualmente existen en nuestro estado... Para el cumplimiento de las sanciones, en el caso de delitos culposos, la reclusión de los iniciados y condenados de estos casos en particular se realizará en centros de reclusión especiales para los mismos, en donde sólo se encuentren personas que sean procesados por ilícitos de tal naturaleza", explicó el legislador del PRD.

Según datos que dio a conocer Ureña Fraustro, en Nuevo León, la población total de presos en 2013 era de 6 mil 108 internos, de los cuales, casi dos mil no estaban aún sentenciados. Éstos son en su mayoría son delincuentes del fuero común, con casi 4 mil 146, sin embargo, también hay un buen número de reos federales con aproximadamente mil 500.

Según el diagnóstico Nacional de Situación Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se califica la gobernabilidad de los penales de Nuevo León con un 3.80, lo cual lo ubica en un segundo sitio, sólo después de Tamaulipas, y siendo el Penal de Apodaca el peor calificado del estado.

Erick Godar Ureña hizo hincapié en que el Congreso local está planeando sanciones más severas para delitos culposos, como el caso del homicidio por parte de automovilistas en estado de ebriedad, por lo cual se observaría un incremento de reos, convirtiendo en algo necesario diferenciarlos.

FOTO: Archivo / Jorge López

REYNALDO OCHOA / MILENIO DIGITAL