21 de enero de 2014 / 10:06 p.m.

 

Monterrey.- Habitantes de la colonia Jardines de Santa Clara, de Guadalupe, protestaron afuera de la Notaría Pública 37, de Monterrey, pues se quejan de haber sido despojados de sus propiedades mediante la actuación ilegal del titular de dicha oficina.

Indicaron que a principios de los 80 adquirieron sus lotes en dicho asentamiento, ubicado entre las avenidas Serafín Peña y Nuevo León, pero mediante diversas argucias legales, decenas de terrenos fueron vendidos a terceros, resultando afectados 112 propietarios.

Los quejosos señalan como responsables a los socios de la fraccionadora Promisión, a uno de los cuales identificaron como Encarnación Ramones Saldaña, actual tesorero municipal de San Pedro.

A principios de la década de los 90 la fraccionadora comenzó a tener problemas financieros.

"Los colonos empezamos a comprar y la fraccionadora Promisión, para seguir con la urbanización del fraccionamiento, pidió varios préstamos a varios bancos", comentó Francisco Javier Pineda Alcocer, uno de los afectados.

La compañía finalmente liquidó a sus trabajadores, a 11 de los cuales los finiquitó entregándoles lotes en el mencionado sector.

Dentro de todo ese proceso de despojo, los quejosos identifican a los notarios 37 y 24, Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez y Álida Bonifaz Sánchez, exprocuradora de Justicia.

"Los extrabajadores vendieron nuestros lotes de terreno, y la que dio fe de esa venta fue la licenciada Álida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez. Con esa escritura hemos sido desposeídos de nuestras propiedades", aseveró Pineda Alcocer.

Durante años los vecinos de Jardines de Santa Clara han lidiado contra la injusticia, quejándose además de lo que ellos consideran corrupción entre las autoridades.

"Somos un grupo de vecinos, 112 vecinos afectados por el licenciado Gustavo Nelson Cerrillo, de la notaría número 37, por el convenio que hizo con los extrabajadores", reiteró la señora Aurora Ramírez Álvarez, quien pidió la intervención del Gobernador Rodrigo Medina, pues algunos de los colonos ya han sido desalojados injustamente y media el uso de la fuerza pública.

"Yo le hago un llamado al Gobernador: Señor Gobernador volteé a vernos. Somos 112 familias. Algunas como yo de la tercera edad. Compramos de buena y fe y no es justo lo que nos están haciendo", agregó el ama de casa.

Las personas advirtieron que continuarán en pie de lucha con tal de evitar que se sigan cometiendo injusticias y se despoje a las familias de su patrimonio.

Agustín Martínez