EDUARDO MENDIETA
5 de febrero de 2016 / 09:20 a.m.

Monterrey.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, informó que en los próximos días interpondrá recursos penales ante las autoridades correspondientes tras la auditoría realizada a la gestión de Margarita Arellanes.

Una fuente de la administración municipal precisó que podrían auxiliarse en la configuración de los presuntos delitos con testimonios de los proveedores, ya que varios de ellos admitieron que los productos o servicios que aparecen facturados, nunca existieron.

Sin definir ni especificar qué tipo de denuncia o recurso presentará ni ante qué autoridad lo hará, el munícipe regiomontano afirmó que esto se desprende de la revisión al acta de entrega-recepción concluida y al informe de la auditoría aplicada a la administración anterior.

"Lo que nosotros hemos visto es que sí hay algunos en los que sí vamos a dar vista a las autoridades penales para que ellos puedan (investigar)... aproximadamente entre dos o tres asuntos en los que se tiene conocimiento, más lo que pueda salir", respondió.

Pese al hermetismo del alcalde en el manejo de la información, el informante del municipio reveló que de los mil 600 millones de pesos de deuda, cerca de 700 son "productos o servicios" que no pasaron por ningún procedimiento normativo.

"Mira, lo que estamos viendo es que en términos administrativos y para efectos de auditoría, no están registrados contablemente porque se pedían 'facturas' para sacar dinero.

"Esto quiere decir que en su mayoría, de esos 700 millones se sospecha que al menos 400 (millones) son fantasmas, o sea de servicios o productos que nunca existieron, algo que incluso muchos proveedores lo han admitido".

La fuente, que pidió el anonimato, se refirió también al contrato por siete millones 500 mil pesos que se pagaron a un despacho jurídico para defender a la ex alcaldesa y a quienes fueron sus principales colaboradores en caso de ser demandados penalmente.

"Pese a que fue pasado por cabildo, ampara servicios particulares con recursos públicos, lo cual sí pudiese constituir delito penal; si la denunciamos, ¿entonces va Roberto Martínez en calidad de defensor de ella, pagado con recursos públicos?", se cuestionó.

El 24 de noviembre, Milenio publicó que la deuda que dejó la alcaldesa de Monterrey a la actual administración, sería el doble de lo que notificó, es decir, en ese tiempo las facturas encontradas y contabilizadas superaban los 700 millones de pesos, pero la cifra creció y podría llegar hasta los mil 600 millones de pesos.

De la Garza Santos dijo que más que el municipio tenga una responsabilidad civil de los hallazgos que han descubierto, serán las autoridades correspondientes las que están obligadas a averiguar los hechos que podrían ser denunciados.

"Es ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes y serán estas autoridades las responsables de poder determinar si hay alguna consecuencia jurídica.

"Hicimos un informe, ya anteriormente se les compartió a los medios de comunicación, fue la propia Comisión de Revisión del Acta de Entrega-Recepción del municipio de Monterrey que la conforman integrantes del cabildo, ya dio a conocer los detalles", señaló.

El alcalde de Monterrey indicó que en las próximas semanas se presentarán los recursos legales correspondientes.