DANIELA MENDOZA
1 de marzo de 2016 / 08:52 a.m.

Monterrey.- El candidato favorito para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Eduardo Román González, permaneció por espacio de cuatro meses en un puesto para el que legalmente no cumplía los requisitos, al ser nombrado como secretario auxiliar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El también catedrático universitario entró a laborar al Tribunal Superior de Justicia en agosto de 2015, cuando inició su gestión como presidente Carlos Emilio Arenas Bátiz, y actualmente se desempeña como coordinador académico del Instituto de la Judicatura, puesto al que emigró en el mes de noviembre del mismo año ante las críticas internas por la irregularidad de su situación.

Información en poder de MILENIO Monterrey devela que la designación para este puesto le fue conferida sin cumplir los requisitos legales.

Lo anterior porque el nombramiento fue hecho de manera unilateral por el presidente del Tribunal, quien según el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado, sólo tiene la facultad para proponer, pero la determinación debe ser colegiada; así lo señala el párrafo quinto de la fracción I del artículo 129 en la mencionada ley.

Además, la designación se considera irregular porque a Román González no se le realizó un examen de aptitud, requisito indispensable para ocupar el puesto.

El artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el presidente del TSJ debe proponer al candidato respectivo tomando en cuenta las disposiciones de la carrera judicial, y después el pleno hará el nombramiento correspondiente, situación que no se verificó en este caso.

La candidatura de Román González para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha estado en el ojo del huracán casi desde el inicio, ya que los legisladores se opusieron en reiteradas ocasiones a llevar a cabo la comparecencia y cumplir con ello parte del protocolo de designación.

En el proceso intervino el secretario general de Gobierno, Manuel González, lo que provocó el malestar de los diputados, quienes consideraron sus acciones como una intromisión a las facultades del Poder Legislativo.

La tercera convocatoria fue la vencida y, tras una tensa sesión de preguntas y respuestas, se avanzó a la siguiente fase.

Según la misma, son cinco días naturales desde el momento de la comparecencia hasta su votación en el pleno, por lo que hoy los legisladores están obligados a revisar y votar la propuesta del Gobierno estatal para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La anterior presidenta del organismo, Minerva Martínez Garza, dejó el cargo en noviembre de 2015, al cumplir el plazo legal para el que fue electa. Desde entonces, la primera visitadora, Catalina Rivera, ocupa un interinato.