25 de octubre de 2014 / 12:12 p.m.

Monterrey.- Tras confirmar que sí existen casos de extorsión en los penales de Nuevo León, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez Garza, dio a conocer cifras de casos ocurridos al menos en los últimos dos años.

La funcionaria informó que por parte de la Comisión se han emitido más medidas cautelares que recomendaciones.

De acuerdo a Minerva Martínez, durante el 2013 se emitieron 89 medidas cautelares y 54 físicamente por el cobro de cuota.

Mientras que en el transcurso del 2014, a la fecha van 25 medidas cautelares y 8 por el cobro de cuota.

"Ochenta y nueve en medidas cautelares en 2013 y 54 físicamente de cobro de cuota. En el 2014 llevamos 25 y ocho de cobro de cuota", indicó.

Martínez Garza aseguró que se ha estado trabajando sobre las diferentes problemáticas que se presentan en los centros penitenciarios y no están ajenos a los hechos.

Señaló que hace mes y medio sostuvieron un acuerdo con la Secretaría de Seguridad, para atacar este problema.

"Un convenio que celebramos hace apenas mes y medio con el secretario de Seguridad, quien acudió a la oficina de la Comisión, desde que él llegó sacamos todas las recomendaciones en cumplimiento.

"Son por decirte 25 en un caso, ocho, 89, 54, hay una problemática que es necesario que la autoridad ponga atención a los penales, una mayor atención".

La funcionaria agregó que diariamente están trabajando en los centros penitenciarios.

"Todos los días estamos trabajando en los penales y todos los días estamos haciendo lo que nosotros le decimos atención a cada caso concreto, gente que necesita medicinas, que necesitan un doctor, traslados de un penal a otro, todos los días estamos trabajando en eso, no lo estamos dando a conocer porque cuando uno hace un trabajo no lo tienes que decir", enfatizó.

En días pasados, la Facultad de Comunicación dio a conocer el adelanto de un estudio en el que revelan que el tener a un familiar recluido en algunos de los diversos centros penitenciarios de la entidad es un impacto económico fuerte para muchas familias, lo cual se agrava al cubrir las cuotas de protección que exige el crimen organizado.

FOTO: Archivo

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