20 de febrero de 2014 / 08:15 p.m.

Monterrey.- Como ridícula e ilegal calificó el diputado local Francisco Cienfuegos Martínez a la Mesa de Justicia en Desarrollo Urbano, implementada por el Municipio de San Pedro para cobrar las multas a desarrolladores que han incumplido el reglamento local.

El legislador comentó que, para hacer cumplir la ley, existen los órganos de procuración y administración de justicia, y a ellos debe apegarse el Ayuntamiento.

“No puedes tu implementar mesas ridículas de justicia para aplicar la ley. La ley se implementa y se persigue en la Procuraduría de justicia, y se tiene que implementar en los tribunales”, declaró.

Consideró que, para evitar especulaciones, y no sembrar desconfianza entre los ciudadanos, el Municipio sampetrino, a cargo de Ugo Ruiz Cortés, debe evitar la operación de esa mesa y regirse por las normativas oficiales.

“Si hay sanciones se tiene que aplicar la ley. Tú tienes que hacer una evaluación y utilizar los ordenamientos legales. No puedes tu sacarle la vuelta.

El alcalde de San Pedro no puede sacarle la vuelta, crear una mesa y pedir sobornos para que a los desarrolladores no se les aplique la ley”, dijo enfático.

Recalcó que los desarrolladores o constructores que enfrentan problemas con el Ayuntamiento a través de Desarrollo Urbano, deben ser sancionados conforme al Reglamento, y quienes estén operando en forma regular, simplemente deben continuar con sus trabajos.

“El municipio otorga permisos, después les cobra un moche o un soborno, y bueno, así quédense. Nada más para tapar esto, déjenme creo una mesa de justicia, que yo (alcalde) voy a presidir”, comentó.

Cienfuegos Martínez pidió al alcalde Ugo Ruiz dar marcha atrás a este sistema, además de que aconsejó a los urbanizadores y desarrolladores no dejarse manipular, y sí conducirse por las vías legales.

La Mesa de Justicia en Desarrollo Urbano  fue aprobada por el Cabildo el pasado 23 de octubre, y su función principal es la de regularizar las construcciones que han violado las normas, a cambio de que sus propietarios paguen la reparación del daño social causado.

Agustín Martínez