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17 de marzo de 2016 / 10:32 a.m.

Monterrey.- El Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado hace dos días en el Congreso local, tendría la facultad de procesar a funcionarios corruptos, encarcelarlos y obligarlos a regresar el dinero que se robaron, señaló Ángel Barroso, diputado del PAN en Nuevo León.

"Es un gran avance en Nuevo León porque se aprueba por primera vez en la historia de nuestro Estado un sistema integral para el combate de la corrupción. ¿Qué hicimos hace un par de días? Aprobamos la segunda vuelta de las reformas constitucionales que instauran el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León. No había, es inédito. Incluso somos el primer Estado en todo México que los instaura en su Constitución y hay grandes avances importantes", indicó.

Dicho sistema estaría integrado por un fiscal autónoma, ajeno al Gobierno y a los partidos políticos, y una sala especializada del combate a la corrupción, las principales figuras para investigar a los funcionarios involucrados en desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

En entrevista con Josué Becerra para TELEDIARIO Matutino, el legislador dijo esta reforma de ley obliga a todos los funcionarios públicos a rendir su declaración 3 de 3 para comprobar su patrimonio al ingresar en sus funciones y compararlo cuando salgan.

"Por ejemplo, mientras a nivel federal se discute la pertinencia a la Ley 3 de 3, nosotros en Nuevo León, en nuestra Constitución, ya estamos dejando la obligación de los funcionarios de presentar su declaración 3 de 3, conflicto de intereses, patrimonial y fiscal, ya está en la Constitución ahora con estas reformas constitucionales.

"Si se comprueba una irregularidad, un acto de corrupción, el funcionario no solo irá a la cárcel, sino que está obligado a regresar lo que se llevó", reiteró el panista.

De acuerdo al político, dichos cambios constitucionales atribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas que los ciudadanos deben conocer: "que sepan cuánto tiene un funcionario al tomar el puesto y cuánto acaba teniendo el funcionario al terminar su puesto".

Esta reforma consta de diversas modificaciones en más de 10 artículos de la Constitución, y de aprobarse, la Auditoría Superior del Estado tendría la responsabilidad de verificar la información de manera inmediata y pedir la cuenta pública del organismo que encabeza el funcionario acusado.